La Justicia de Estados Unidos ha decidido paralizar temporalmente la orden de descubrimiento de pruebas que permitía a los afectados por la nacionalización de la petrolera YPF solicitar datos sobre posibles activos embargables del Estado argentino, entre ellos sus reservas de oro.
De acuerdo con la resolución emitida por un tribunal de apelaciones, los beneficiarios de la sentencia de 2023 que les reconoce una compensación de 16.100 millones de dólares (14.009 millones de euros) por la expropiación deberán aguardar a que un tribunal federal vuelva a examinar el caso antes de avanzar en la localización de bienes.
En septiembre de 2023, la jueza de distrito Loretta Preska concluyó que los derechos de los demandantes habían sido vulnerados por la nacionalización y ordenó a Argentina que depositara en una cuenta segura el 51% de las acciones que mantiene en YPF.
No obstante, el Gobierno de Buenos Aires ha sostenido que Preska no tiene competencia para pronunciarse sobre este asunto, que, a su juicio, corresponde a la Justicia argentina.
En esta línea, según “Bloomberg”, dos de los tres integrantes del panel de apelaciones ya habían manifestado durante la fase de instrucción sus reservas acerca de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses en este litigio.
Mientras tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó en un comunicado oficial que la decisión supone un “hito histórico” en una controversia que ha implicado un “enorme coste económico, jurídico y reputacional para el país”.
“La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la Justicia de Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”, ha añadido.
Antecedentes de la nacionalización de YPF
YPF fue objeto de nacionalización en 2012 bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, mediante una ley aprobada en el Congreso Nacional que autorizaba al Estado a quedarse con el 51% de la petrolera, participación que hasta entonces controlaba la española Repsol.
El conflicto llegó a los tribunales estadounidenses en 2025, después de que los fondos Burford Capital y Eton Park presentaran una demanda tras adquirir los derechos de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
Estas sociedades del grupo argentino Petersen, con sede en España, poseían un 25% del capital social de YPF en el momento de la expropiación. Ambas compañías reclaman indemnizaciones al entender que Argentina estaba obligada a lanzar una OPA sobre las acciones que no estaban en manos de Repsol.