La entrada de mano de obra procedente del extranjero se ha convertido en un elemento decisivo en la fase actual de expansión de la economía española. Según las estimaciones del estudio “La inmigración en España: retos, impacto y políticas”, la aportación de estos trabajadores explicaría el 47% (4,2 puntos) del incremento acumulado del Producto Interior Bruto (PIB) desde 2022.
Este informe, publicado por Funcas y presentado por sus coordinadores, Raquel Carrasco y Raymond Torres, sitúa la inmigración en el centro del crecimiento reciente, pero matiza que su contribución no basta para resolver los problemas de fondo del mercado laboral español, como la baja productividad, la debilidad salarial y, en consecuencia, la limitada base de financiación del sistema de pensiones.
El documento subraya que los beneficios derivados de la incorporación de trabajadores extranjeros dependen de la capacidad de integración de esta población y de la eficacia de las políticas públicas que se apliquen en este ámbito.
En apenas una generación, el peso de la población extranjera residente ha pasado de ser marginal a constituir un componente estructural de la demografía y del mercado de trabajo en España. Desde 2019, la población activa ha aumentado un 7,8%, es decir, en 1,8 millones de personas, prácticamente todos de origen foráneo.
Este fuerte aumento de la oferta laboral, calificado como un “shock” sin precedentes entre las grandes economías europeas, ha ampliado la capacidad productiva del país. Además, la concentración de la mano de obra inmigrante en determinados sectores y ocupaciones ha permitido sostener el crecimiento de actividades que sufrían falta de personal.
Sin esta llegada de trabajadores, la economía española habría reaccionado al auge del turismo o al incremento de la demanda de vivienda nueva principalmente con subidas de precios, en lugar de responder mediante un mayor nivel de producción.
Reasignación de empleo y efecto en el PIB
El informe destaca también que la inmigración ha favorecido el tránsito de parte de la fuerza laboral nacional hacia puestos de trabajo de mayor productividad y mejor remuneración.
La descomposición del crecimiento del PIB en tres factores —productividad, tasa de ocupación y número de activos— muestra la relevancia de la mano de obra extranjera en el aumento de la población activa (con un impacto de 4,7 puntos) y, en menor medida, en la mejora de la tasa de ocupación (0,3 puntos adicionales).
Al mismo tiempo, la mayor concentración de inmigrantes en ramas de bajo valor añadido habría provocado una caída de la productividad agregada de -0,8 puntos, debido al denominado efecto composición.
Entre las características que han facilitado la integración económica y social de los recién llegados destaca el peso de América Latina como principal origen. Por áreas geográficas, Sudamérica, América Central y el Caribe representan el 47% de la población inmigrante, Europa el 27% y África, Asia y Oceanía el 24%.
La estructura por edades también juega a favor de su integración laboral. Mientras que el 62% de la población española se sitúa en edad de trabajar (entre 15 y 64 años), ese porcentaje asciende al 84% en el caso de las personas nacidas fuera de España.
España, uno de los países con mayor crecimiento migratorio
En el año 2000, solo el 4,2% de la población en edad laboral residente en España había nacido en el extranjero, una proporción claramente inferior a la registrada entonces en Francia (12,3%), Alemania (19,5%) o incluso Portugal (5,3%).
En apenas dos décadas, el país ha vivido un proceso intenso y continuado de llegada de inmigrantes, hasta alcanzar en 2023 un 21,3% de población en edad de trabajar nacida fuera, superando así a Francia (14,2%) y acercándose a Alemania (23,3%), naciones con una trayectoria migratoria más larga y consolidada.
El estudio señala que en España, Italia y Portugal las personas inmigrantes muestran tasas de actividad superiores a las de los nativos, mientras que en Alemania y Francia sucede lo contrario.
Perfil de los inmigrantes y retos de integración
En el caso español, la población inmigrante es, en promedio, más joven —por el menor peso del grupo de 54 a 65 años— y presenta un nivel educativo medio más bajo, debido a la menor proporción de titulados universitarios. Además, se concentra en sectores con elevada rotación y mayor riesgo de desempleo, como la hostelería, el comercio o las actividades del hogar, y soporta en general condiciones laborales más precarias.
Estas pautas son más acusadas que en otros países como Alemania o, en menor medida, Francia, donde el perfil de los inmigrantes se aproxima más al de la población autóctona.
Ante este escenario, Funcas plantea que las políticas públicas deben ir más allá de las desigualdades visibles y actuar sobre los obstáculos estructurales a la integración en el mercado de trabajo. Entre las medidas propuestas figuran reforzar la empleabilidad de los inmigrantes mediante la homologación de títulos, facilitar el acceso a formación específica y combatir la discriminación en el entorno laboral.