La creciente complejidad de las normas que afectan al negocio bancario estaría inmovilizando entre 2,7 y 4,1 billones de euros de capacidad de financiación en Europa. Así lo concluye el informe “Cómo mejorar la competitividad, el crecimiento y la innovación en Europa mediante una racionalización de la regulación bancaria”, elaborado por El Instituto Español de Analistas.
Durante la presentación del estudio, la institución subrayó que el continente europeo debe avanzar hacia “una simplificación de la regulación para evitar que el exceso de complejidad normativa siga lastrando la competitividad, el crecimiento y la capacidad de financiación de la economía”.
El documento, que ha sido dado a conocer por la Fundación junto a KPMG, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, recuerda que el marco regulatorio implantado en la última década ha reforzado la solidez del sistema. No obstante, advierte de que “también ha derivado en una acumulación de exigencias que amenaza con convertirse en un freno estructural para el sector”.
La investigación detalla que, desde 2008, el conjunto de regulación financiera supera ya las 95.000 páginas y que, desde 2019, el número de organismos supervisores se ha incrementado un 78% en la Unión Europea. Esta proliferación, denuncian, “ha elevado la fragmentación, los solapamientos y los costes de cumplimiento para las entidades”.
“Europa necesita preservar la estabilidad financiera, pero también asegurarse de que su marco regulatorio no limita innecesariamente la capacidad del sector bancario”, ha señalado el secretario general del Instituto Español de Analistas, José Ignacio Arenzana. Al mismo tiempo, ha puntualizado que “simplificar no es rebajar exigencias, sino hacer la regulación más eficiente y útil para la economía real”.
Entre las propuestas del organismo figura la introducción de un mandato secundario de competitividad. En esta línea, el responsable de Regulación de BBVA, Santiago Fernández, ha apuntado que, siguiendo la estela de los cambios impulsados en el Reino Unido, “debería abrirse una reflexión en la Unión Europea (UE) sobre la conveniencia de incorporar competitividad, eficiencia o contribución al crecimiento como objetivos de las autoridades regulatorias y supervisoras”.
EVALUACIONES PREVIAS Y COSTES SUPERVISORES AL ALZA
El informe reclama, además, realizar una evaluación previa antes de lanzar nuevas iniciativas regulatorias, así como revisar las duplicidades en los requerimientos de capital y en las tareas de supervisión.
La institución advierte también de la escalada de los costes del Mecanismo Único de Supervisión (SSM, por sus siglas en inglés), integrado en el Banco Central Europeo (BCE), que han pasado de 277 millones de euros en 2015 a 680 millones en 2024.
En este escenario, el director de Asuntos Públicos de CaixaBank ha señalado que, “dado el complejo entramado actual de autoridades y organismos con competencias reguladoras y/o supervisoras en la UE, es necesario actualizar las normas que rigen su funcionamiento, y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y de revisión de decisiones supervisoras”.