La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado este martes los progresos logrados por Argentina en la persecución del cohecho internacional, aunque ha instado al país a poner en marcha un “marco integral” de protección para los denunciantes y a incrementar el número de jueces.
“Argentina continúa enfrentándose a barreras estructurales que limitan la detección y aplicación de la ley sobre cohecho internacional. [...] En particular, una de las brechas fundamentales en el sistema de detección sigue siendo la ausencia de un marco jurídico que proteja a los denunciantes”, ha destacado el 'think tank' en un informe.
En esta línea, la OCDE ha pedido que Argentina cree “con carácter urgente” un sistema de salvaguarda para los denunciantes tanto del ámbito público como del privado, y que se asegure que los casos de cohecho cometido en el extranjero reciban una decisión fiscal para su resolución “sin demoras indebidas”.
Asimismo, el organismo ha reclamado a Buenos Aires que implemente por completo el Código Procesal Penal Federal en las escasas jurisdicciones federales donde aún no está vigente y que reduzca “de manera sustancial” el volumen de vacantes en la judicatura, tanto de titulares como de suplentes.
La OCDE ha observado que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) han potenciado sus “capacidades analíticas” y han puesto en marcha “enfoques más proactivos” que favorecen la cooperación internacional.
No obstante, aunque se han producido avances en la tramitación de estos delitos, como el primer caso de cohecho en el extranjero contra una persona física resuelto en Argentina en 2025, los retrasos siguen siendo frecuentes y generan “dificultades” en la obtención de pruebas y en el cumplimiento de los plazos de prescripción.
“Son muy pocos los casos que avanzan hasta el enjuiciamiento. Hasta la fecha, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresarial, ocho años después de su adopción”, ha añadido la OCDE.