La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) ha expresado su “profundo desacuerdo” con la licitación puesta en marcha por Renfe para contratar servicios de transporte de viajeros por carretera (PAT).
Según el pliego, el operador ferroviario pretende constituir una sociedad anónima conjunta entre el adjudicatario y Renfe Viajeros, en la que la primera parte controlará el 51% del capital y Renfe el 49%, con el objetivo de prestar servicios de transporte de pasajeros en autobús.
El pasado 4 de marzo, Anetra se dirigió a la Sección de Transporte Interurbano de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para solicitar la puesta en marcha de actuaciones coordinadas que permitan salvaguardar los intereses “legítimos” del conjunto del sector.
La organización, que integra principalmente pymes y autónomos dedicados al transporte discrecional y regular de viajeros por carretera, sostiene que las condiciones fijadas para concurrir a esta licitación limitan “gravemente” la entrada de pequeñas y medianas empresas, pese a ser el pilar principal del tejido empresarial del transporte de viajeros por carretera en España.
Entre los requisitos más controvertidos figuran la obligación de contar con una flota mínima de 500 vehículos en propiedad, o de 300 si se participa a través de una UTE, además de justificar una cifra de negocio de 75 millones de euros o haber gestionado contratos análogos por, al menos, 35 millones de euros.
A estas exigencias se añade, según denuncia Anetra, la inseguridad que genera el hecho de que las especificaciones técnicas y las condiciones concretas de prestación del servicio no se hayan hecho públicas, de modo que solo las empresas que superen una primera criba podrán consultar el pliego completo.
En España operan en la actualidad más de 2.700 compañías de transporte de viajeros por carretera, que disponen de una flota conjunta cercana a los 49.000 autobuses.
Frente a este modelo, Anetra defiende un sistema de contratación “abierto, competitivo y accesible” que facilite la concurrencia de todo el sector y permita aprovechar al máximo la capacidad ya instalada en el mercado. Los servicios jurídicos de la asociación están valorando la posibilidad de interponer un recurso contra el anuncio de licitación.