El negocio de la limpieza profesional arrastra un fuerte desequilibrio entre el incremento de los sueldos y las tarifas de los contratos públicos, que se traduce en una carga recurrente de 80 millones de euros al año, según ha comunicado este martes la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel).
“La firma del acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno de España para subir el salario mínimo un 3,1% tiene que ir acompañada de la revisión de los contratos públicos. De lo contrario, las cuentas simplemente no salen”, ha señalado el presidente de la patronal de limpieza, Juan Ignacio Beltrán, después de hacerse oficial la subida.
La organización recuerda que este ámbito de actividad es “uno de los pilares” del tejido empresarial nacional y, al mismo tiempo, uno de los sectores “más intensivos” en empleo, ya que cerca del 85% de sus costes totales corresponden a retribuciones, de acuerdo con los datos difundidos por Aspel.
La patronal subraya que, tras la aprobación de la ley de desindexación en 2015, los importes de los contratos públicos dejaron de revisarse de forma automática en función del IPC o de la evolución de los costes laborales. Ese ejercicio, la facturación global del sector se situaba en 9.600 millones de euros.
Desde 2015 y hasta antes de la última subida, los salarios han crecido de media un 1,7% anual, lo que ha generado un sobrecoste estructural de 80 millones de euros al año y de 800 millones en el conjunto de la última década, sin que exista un sistema automático de actualización de precios que compense ese incremento.
Según Aspel, el nuevo aumento pactado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, que fija el Salario Mínimo Interprofesional en 1.221 euros brutos mensuales, “incrementará aún más ese desfase estructural”.
Otra fuente de riesgo, especialmente en actividades como esta, sería la prohibición de compensar y absorber los distintos complementos salariales, advierte la patronal. Una decisión que “haría inviable” la negociación colectiva, al implicar una subida efectiva de más de dos dígitos en un sector donde el peso de las nóminas supera el 85% del coste total.
Desde Aspel reiteran que cualquier medida en materia de salarios que impacte de forma directa en sectores intensivos en mano de obra debe ir acompañada de fórmulas que aseguren la viabilidad económica de los contratos públicos y eviten que el desfase recaiga únicamente sobre las empresas adjudicatarias.