La plantilla de Solvay en Barreda (Cantabria) se ha concentrado este mediodía ante los accesos de la factoría para rechazar los despidos planteados por la compañía y reclamar un plan industrial respaldado con inversiones que aseguren la continuidad del empleo.
El comité de empresa, formado por UGT-FICA, CCOO y USO, ha recalcado que existen “más soluciones” que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la dirección. Aunque el ajuste directo se cifra en 77 despidos, los sindicatos advierten de que el impacto real alcanzará a “más de 200 familias” al sumar los puestos indirectos e inducidos.
En el manifiesto leído durante la protesta, bajo el título “120 años de historia nos se borran con un ERE”, el comité ha alertado de que “Si cae Solvay, cae el comercio, cae el transporte y cae el futuro de Torrelavega”.
Tras celebrar ayer la última reunión negociadora con la empresa, las organizaciones sindicales han convocado esta movilización, entre las 12.30 y las 14.30 horas, para exigir que no haya “despidos traumáticos” y mostrar su rechazo frontal a un ERE que temen que pueda derivar en un cierre escalonado de la planta. Por ello, han reclamado su retirada “inmediata” y la puesta en marcha de un plan industrial “real” que asegure “otros 100 años de actividad”.
Al mismo tiempo, han criticado la “negativa” de la dirección a adquirir compromisos con el futuro de la fábrica y su “falta total de predisposición para negociar”. Según denuncian, la empresa ha descartado tanto la propuesta del comité de suspender temporalmente la negociación para explorar alternativas a los despidos, como la de garantizar la continuidad de la planta mediante inversiones en las instalaciones actuales y en nuevas líneas productivas.
Durante la concentración, los asistentes han exhibido pancartas con lemas como “No a los despidos ¡Plan industrial, futuro y empleo!”, “Investment for the future” o “SOS Carbonato. Salvemos la fabricación en Solvay”.
En declaraciones a los medios, el presidente del comité, Raúl Villegas (UGT), ha denunciado que la empresa no ofrece “ninguna garantía a corto plazo”, más allá de la futura puesta en marcha de la caldera de biomasa que construirá y gestionará “otra empresa” con ayudas públicas, y que afectará a la plantilla de Solvay porque supondrá detener las actuales calderas de carbón.
En este sentido, ha planteado “qué va a pasar” con el departamento de energía y agua cuando se apaguen esas calderas. Ha calculado en 60 los posibles trabajadores afectados en esta área, que se sumarían a los 77 despidos previstos en el ERE y a los 23 empleos destruidos con el anterior plan social.
Según el comité, “La suma de empleos directos es bastante grande”, y el efecto en el empleo indirecto podría ser “el triple”. Los representantes de los trabajadores han avanzado que no presentarán propuestas detalladas mientras la dirección no atienda sus demandas de evitar los despidos traumáticos y diseñar un plan de futuro. “Si no son capaces de decirnos lo que va a pasar de aquí a dos años, ¿qué futuro nos espera? Lo único que podemos esperar es un cierre a plazos”, ha alertado Villegas.
Esta idea se ha reforzado en el manifiesto, en el que los portavoces de la plantilla han criticado “la avaricia de los inversores”: “Es intolerable que una empresa con beneficio histórico, que recibe ayudas públicas, pretenda ahora aumentar sus ganancias a costa del pan de sus trabajadores”.
Asimismo, han denunciado que “hablen de competitividad cuando llevan años dejando que nuestras instalaciones se desgasten”, y han lamentado que, tras más de un siglo produciendo el carbonato sódico que “mueve el mundo”, los inversores hayan decidido que “somos prescindibles”.
En la concentración han estado presentes representantes políticos de PP, PRC, PSOE y Vox, así como autoridades institucionales como el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, que han mostrado su apoyo a la plantilla.