La Plataforma por la Justicia Fiscal ha exigido al Ejecutivo español y a las instituciones comunitarias “una revisión urgente y profunda” del listado vigente de los denominados paraísos fiscales, territorios en los que grandes patrimonios y compañías multinacionales “esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus ganancias”.
Coincidiendo con la celebración, el 3 de abril, del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales, la organización ha lamentado que, diez años después de la filtración de los Papeles de Panamá, los avances logrados sean aún muy limitados y que continúen existiendo importantes vacíos en la normativa internacional que permiten desviar capitales hacia estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”.
“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal”, ha advertido en una nota pública el coordinador de la Plataforma, el economista Juan A. Gimeno.
La entidad denuncia que la lista negra de la UE apenas recoge hoy en día alrededor de una decena de territorios, mientras que numerosos países con regímenes de baja o nula tributación, como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo, continúan integrados sin trabas en el entramado financiero internacional.
De acuerdo con las estimaciones de la red Tax Justice Network, solo en 2024 España habría dejado de ingresar cerca de 9.400 millones de euros por el abuso fiscal de multinacionales y grandes fortunas. La Plataforma alerta, además, de la creciente desigualdad del sistema tributario actual, ya que muchas grandes corporaciones soportan tipos efectivos inferiores a los de la mayoría de la población y son precisamente los grandes patrimonios quienes recurren con mayor intensidad a estos “refugios”.
Ante esta situación, la Plataforma por la Justicia Fiscal reclama que el Gobierno español asuma un papel de liderazgo en Europa para impulsar una reforma profunda de los criterios de identificación de paraísos fiscales y respalde iniciativas globales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas, así como la implantación de un gravamen mundial del 2% anual sobre las grandes fortunas del planeta.