El proyecto de Real Decreto que modifica el registro horario acumuló un total de 199 aportaciones durante el periodo de consulta pública previa abierto por el Ministerio de Trabajo entre el 11 y el 26 de septiembre de 2025, según se recoge en el dictamen del Consejo de Estado sobre esta reforma, al que ha tenido acceso Europa Press.
Ante la imposibilidad de detallar una por una todas las contribuciones recibidas, el Consejo de Estado ha optado por recoger en su informe únicamente las más representativas.
Conviene recordar que esta reforma del registro horario, frente a la que el Consejo de Estado ha mostrado su criterio contrario, tiene como objetivo reforzar los sistemas de control de jornada y convertir el registro en un instrumento más eficaz y accesible en remoto para empleados, sindicatos e Inspección de Trabajo.
El órgano consultivo explica en su dictamen que numerosos participantes en la consulta pública cuestionaron la conveniencia de la norma. Entre ellos se encuentran empresas dedicadas a la limpieza, pequeños negocios con plantillas de sólo dos o tres personas, compañías de transporte en taxi y servicios de vehículos de transporte con conductor, personal de hostelería, servicios de urgencias como cerrajeros o fontaneros, explotaciones agrarias con campañas estacionales y empresas que operan en zonas sin acceso a Internet.
También han mostrado su rechazo a la propuesta los servicios con puestos en los que existe obligación de disponibilidad permanente; las empresas de catering; las productoras audiovisuales con tiempos de espera entre rodajes; el sector pesquero, “en el que es materialmente imposible el control digital”; redes comerciales de agentes que no acuden físicamente a la empresa; repartidores que trabajan por ruta y no por horas; profesores que organizan talleres, y servicios de seguridad privada cuyo trabajo se concentra en eventos.
El Consejo de Estado incorpora igualmente las críticas de empresas de instalaciones temporales y ferias; organizadores de exposiciones itinerantes; operadores de grúas móviles autopropulsadas; empleados de hoteles y alojamientos turísticos con jornadas estacionales; profesionales que prestan asistencia a domicilio; responsables de reparaciones de emergencias eléctricas en empresas; autónomos al frente de bares o restaurantes; artistas de cine y teatro, “y un largo grupo de empleados y empleadores”.
“Todos ellos destacan las especialidades de sus respectivos sectores, como, por ejemplo, el número reducido de trabajadores, la existencia de jornadas estacionales, los intermedios temporales entre prestaciones de servicios, la dificultad de acceso a Internet, los trabajos por objetivo, el medio en el que se desempeña el trabajo, la rotación de trabajadores, la estacionalidad de los trabajos, la necesidad de adaptarse al clima o las circunstancias externas, la escasa digitalización del sector, y otros muchos datos”, señala el Consejo de Estado en su dictamen.
El organismo consultivo añade que una parte importante de los intervinientes considera que estas cuestiones deben abordarse mediante la negociación colectiva en cada sector, atendiendo a sus particularidades, y apuntan que hay ámbitos en los que la jornada puede controlarse mediante “tornos”, otros en los que bastaría con registros en papel y otros en los que sí sería imprescindible un sistema digital.
Varios participantes discrepan de que se imponga una única solución digital y sostienen que sólo una negociación colectiva adaptada a cada actividad permitiría que la iniciativa prospere. En este sentido, entienden que el desarrollo de la medida a través de una norma reglamentaria vulnera la reserva de ley que protege el papel de la negociación colectiva.
Costes del registro digital y efectos sobre la competitividad
Según recoge el Consejo de Estado, la mayoría de los participantes en la consulta considera que el nuevo modelo de registro supondrá costes adicionales que mermarán la competitividad de las empresas españolas, sin que el resto de países de la Unión Europea estén obligados a implantar sistemas similares.
En esta línea, el dictamen cita a la patronal Conpymes, que calcula que las licencias del sistema oscilan entre 50 y 400 euros por usuario y año, de forma que una empresa con 10 empleados podría llegar a desembolsar hasta 12.000 euros anuales, sin incluir los gastos de formación ni de actualizaciones.
En términos parecidos se han manifestado durante la consulta la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración y Turismo.
El informe del Consejo de Estado también recoge aportaciones de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el Consejo General de Graduados Sociales, Pimec, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), CEOE, Cepyme, USO, FIAB, Anfac, Unesid, CEMT, UGT, CCOO, Cáritas España, Seopan, Anged, distintas asociaciones de pescadores y la patronal bancaria AEB.
Precisamente, la AEB expresa su inquietud por el tratamiento de los datos y la protección de la intimidad, ya que considera que, si se exige un registro de jornada con verificación de identidad (mediante sistemas biométricos o certificados digitales), las empresas podrían enfrentarse a conflictos en materia de protección de datos por la imposición obligatoria de biometría u otros métodos intrusivos. En esta preocupación coincide la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, que aprecia que la norma no incorpora garantías suficientes en relación con la protección de los datos personales.
El Consejo de Estado constata además que en la consulta han intervenido varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Aragón, Castilla y León, Baleares, Murcia, Galicia, Andalucía, Cantabria y Extremadura.
El proyecto de reforma del registro horario ha sido objeto asimismo de informes de distintos Ministerios, incluido el de Economía, que se muestra especialmente crítico con la propuesta.
En concreto, el Ministerio de Economía emite una valoración desfavorable sobre la implantación del registro horario impulsado por Trabajo, al entender que se requiere un periodo transitorio amplio para su aplicación, así como herramientas que reduzcan el impacto operativo en las pymes y que tengan en cuenta la realidad de cada sector. En esta línea, considera necesario revisar la conveniencia de imponer nuevas cargas burocráticas.
El Departamento que dirige Carlos Cuerpo advierte, además, de que las pymes se verán forzadas a adoptar sistemas digitales que exigen licencias de software, costes de implantación y dificultades iniciales, además de la formación de las plantillas. Por ello, plantea que sea la propia Administración la que diseñe un sistema o aplicación pública con un coste asumible para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica.