El aplazamiento en la publicación oficial del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) previsto para 2026 y su aplicación con carácter retroactivo desde el 1 de enero acarreará un coste administrativo adicional cercano a 2,9 millones de euros para las compañías, que deberán rehacer nóminas ya abonadas y emitir nóminas complementarias, de acuerdo con los cálculos difundidos este viernes por Asempleo.
La patronal que agrupa a las empresas de trabajo temporal y a las agencias de empleo detalla que, en el ámbito concreto de las ETT, este impacto económico superará los 690.000 euros, derivado del volumen de nóminas complementarias que habrá que generar una vez entre en vigor el nuevo SMI.
Según marca la normativa, cuando se apruebe y publique el nuevo SMI, sus efectos se extenderán de forma retroactiva al 1 de enero de 2026. “Esto significa que todas las empresas deberán recalcular las nóminas ya cerradas y pagadas desde principios de año. Emitir nóminas complementarias genera un sobrecoste importante para las empresas, y en algunos casos, se tendrá que contactar con trabajadores que ya no forman parte de la plantilla, generando incertidumbre jurídica y administrativa”, advierte Asempleo.
Conforme a las proyecciones de esta organización, ese recálculo de nóminas requerirá un tiempo de gestión adicional de unos 14 minutos por expediente, tomando como referencia un precio hora de consultoría de nóminas de 57 euros y un coste unitario por recálculo de 13,30 euros.
“Esto tiene una altísima incidencia en sectores con alta rotación de personal como el de las ETT y las agencias de empleo, y se traduce en miles de horas de trabajo administrativo no productivo”, denuncia.
Para sus estimaciones, Asempleo ha considerado una base de 1.185.600 contratos totales y 220.258 contratos encuadrados en el tramo del SMI a escala estatal, lo que representa aproximadamente un 18,6% del conjunto. En el segmento de las ETT, se han tomado 281.207 contratos totales y 52.242 en el tramo SMI.
“La dificultad real de repercutir este coste administrativo sobre el cliente final afecta los márgenes y la productividad del sector, penalizando la competitividad de empresas que ya operan con exigencias muy altas de cumplimiento normativo”, ha avisado el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.
La organización empresarial subraya que la aprobación del Real Decreto que fije el nuevo SMI y su entrada en vigor deberían producirse de forma “sincrónica”. “La previsibilidad y la estabilidad regulatoria en costes laborales no es una cuestión menor, sino una condición de seguridad jurídica, eficiencia administrativa y calidad en el empleo”, concluye Cruañas.