La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha avisado de que el decreto que amplía la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, cuya convalidación se somete a votación este jueves en el Congreso, está provocando una merma en la oferta de pisos en alquiler al elevar el riesgo jurídico que asumen los propietarios.
El consejero delegado de SEAG, Pedro Bretón, ha señalado este martes en un comunicado que la prolongación reiterada desde 2020 de la suspensión de lanzamientos, de la que ahora quedan fuera los arrendadores con sólo una vivienda alquilada, "está influyendo en el comportamiento de los propietarios", ya que el proceso para desahuciar a un inquilino "se judicializa aún más".
La compañía, especializada en asegurar el cobro del alquiler de manera indefinida, sostiene que esta normativa incrementa de forma notable la inseguridad jurídica, lo que empuja a muchos pequeños dueños a vender sus inmuebles, no prorrogar los contratos o incluso dejar las viviendas vacías por el "temor" a procedimientos largos y de desenlace incierto.
"El resultado es una reducción progresiva de la oferta disponible, lo que presiona al alza los precios y dificulta el acceso a la vivienda precisamente a quienes se pretende proteger", indica SEAG en su nota, en la que concluye defendiendo que el desarrollo del mercado del alquiler en España pasa por "estabilidad normativa, incentivos adecuados y mecanismos que aporten confianza".