Los Estados miembros de la Unión Europea han dado este lunes el visto bueno definitivo a una nueva directiva que fija un marco común en materia de insolvencias, con la intención de agilizar los procesos de quiebra dentro del bloque y favorecer el flujo de inversiones transfronterizas.
La iniciativa busca recortar las divergencias entre las normativas nacionales que, según el Consejo, hasta ahora entorpecían los procedimientos y generaban inseguridad jurídica para compañías y financiadores, además de dificultar la recuperación de créditos cuando se produce una insolvencia.
En particular, el nuevo régimen permitirá dejar sin efecto determinadas operaciones realizadas con anterioridad a la declaración de quiebra que hayan podido causar un perjuicio a los acreedores, y facilitará la identificación de bienes de sociedades insolventes mediante el acceso a registros bancarios situados en distintos Estados miembro.
La directiva incorpora también los denominados procedimientos “pre-pack”, que hacen posible preparar la venta de una empresa en dificultades antes de abrir formalmente el concurso y ejecutarla de forma ágil una vez iniciado, con la finalidad de preservar, en la medida de lo posible, la continuidad del negocio.
El texto fija igualmente nuevas obligaciones para los administradores, que estarán obligados a solicitar la declaración de insolvencia en un máximo de tres meses desde que detecten problemas financieros, con el fin de evitar un deterioro mayor de la situación de la empresa.
Al mismo tiempo, la norma otorga un mayor protagonismo a los acreedores en las distintas fases de los procedimientos y exige a los Estados que difundan información comprensible y accesible sobre el funcionamiento de sus sistemas nacionales de insolvencia.
Tras la luz verde definitiva de los Veintisiete, los países de la UE dispondrán de un plazo de dos años y nueve meses para incorporar la directiva a sus respectivos ordenamientos jurídicos.