Los representantes del Consejo (Estados miembros) y del Parlamento Europeo han cerrado un acuerdo político para reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, que contempla, entre otros cambios, la obligatoriedad de contratos escritos entre productores y comercializadores.
Este compromiso, que todavía debe recibir el visto bueno formal de ambas instituciones, introduce modificaciones en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) y en otras disposiciones ligadas a la Política Agrícola Común (PAC), con la intención de reequilibrar las relaciones dentro de la cadena agroalimentaria y aportar mayor estabilidad a los ingresos de los agricultores.
La extensión de los contratos por escrito busca ofrecer más seguridad a los productores e incorporará cláusulas de revisión para reflejar variaciones del mercado, cambios en los costes de producción o en las condiciones económicas, en especial en acuerdos de larga duración.
El pacto también otorga mayor protagonismo a las organizaciones de productores, al simplificar los requisitos para su reconocimiento legal y permitir que los Estados miembro puedan conceder apoyo financiero adicional a estas entidades y a sus asociaciones en el marco de las intervenciones sectoriales de la PAC.
Al mismo tiempo, las instituciones comunitarias pretenden impulsar la incorporación de agricultores jóvenes y nuevos productores a estas organizaciones, con la finalidad de reforzar su capacidad de negociación frente al resto de eslabones de la cadena de suministro.
El texto igualmente establece criterios para el empleo de términos de comercialización como “justo”, “equitativo” o “cadena de suministro corta”, con el fin de ofrecer mayor transparencia y seguridad tanto a productores como a consumidores.
PROTECCIÓN DE DENOMINACIONES DE CARNE
El acuerdo incorpora además disposiciones para salvaguardar las denominaciones vinculadas a la carne, que quedarán reservadas únicamente a productos cárnicos, con el objetivo de mejorar la claridad en el mercado y evitar que se utilicen en artículos que no contengan carne.
Esta iniciativa se enmarca en la revisión del marco jurídico de la OCM presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2024 y responde a las crecientes presiones sobre el sector agrícola europeo, entre ellas el encarecimiento de los costes de producción, unas exigencias regulatorias más estrictas y las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania.