Los representantes del Consejo (Estados miembro) y del Parlamento Europeo han cerrado un entendimiento político para reforzar el escudo del acero europeo frente al impacto de la sobreproducción mundial. El pacto pasa por reducir en un 47% el volumen de importaciones que podrán entrar sin pagar arancel y por elevar hasta el 50% el gravamen sobre el acero que rebase ese tope.
El acuerdo, que aún debe recibir el visto bueno formal de ambas instituciones, diseña un nuevo marco que sustituirá a las salvaguardas aplicadas desde 2018, las cuales caducan en junio de este año. Su finalidad es proteger a la industria siderúrgica comunitaria ante la presión derivada del exceso de oferta en los mercados internacionales.
En detalle, el sistema renovado sitúa en 18,3 millones de toneladas anuales el máximo de acero que podrá acceder al mercado europeo sin arancel, mientras que las compras que superen ese volumen soportarán un arancel del 50%, frente al 25% vigente hasta ahora.
Según la Comisión Europea, esta medida permitirá contener los efectos del exceso de capacidad mundial, que podría alcanzar los 721 millones de toneladas en 2027, más de cinco veces el consumo anual de acero de la Unión Europea.
Además, el texto introduce obligaciones adicionales para reforzar la trazabilidad del acero importado, de forma que se pueda determinar el país donde fue producido en origen y que este elemento se tenga en cuenta a la hora de repartir las cuotas.
Los colegisladores han decidido igualmente endurecer el mecanismo de revisión de la normativa. Así, la Comisión deberá analizar en un plazo de seis meses si procede ampliar el abanico de productos cubiertos, con nuevas revisiones periódicas en función de cómo evolucione el mercado.
El nuevo esquema se mantiene alineado con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contempla cierto margen de maniobra para las compañías, como la opción de trasladar cuotas no consumidas entre trimestres durante el primer año de vigencia.
Tanto el Parlamento y el Consejo como el Ejecutivo comunitario insisten en que la prioridad es asegurar la supervivencia a largo plazo de un sector estratégico para la economía europea que, subrayan, da empleo a cientos de miles de personas y consideran esencial para ámbitos como la defensa o la transición energética.