La Comisión Europea y Brasil han aprobado este martes sendas decisiones de adecuación mutua con las que se pone en marcha la que se considera la mayor zona del mundo de flujos de datos libres y protegidos entre empresas, administraciones públicas y la comunidad investigadora, con la finalidad de reforzar el comercio digital entre ambas jurisdicciones.
Estas decisiones, que afectarán en conjunto a unos 670 millones de consumidores, "ahorrarán costes" y garantizarán "la seguridad jurídica y la estabilidad" tanto para las compañías europeas ya implantadas en Brasil como para las empresas brasileñas que están desembarcando o ampliando su presencia en el mercado comunitario.
La aprobación de las decisiones de adecuación mutua llega tras el dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos y la posterior luz verde de los Estados miembros de la UE a través del llamado procedimiento de comitología. La Comisión se ha comprometido a revisar el funcionamiento de su decisión de adecuación una vez transcurridos cuatro años.
Estos instrumentos se enmarcan en el Acuerdo de Asociación (AEMP) y en el Acuerdo Comercial Provisional (ACI) suscritos el pasado 17 de enero entre la Unión Europea y Mercosur, que refuerzan la cooperación económica y regulatoria entre ambas partes.
"Nuestra decisión de adecuación mutua es un paso clave para una mayor integración de nuestras economías. Creará nuevas oportunidades para nuestras empresas y avanzará en la innovación, en beneficio de millones de consumidores en Europa y América del Sur", declaró la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.
Por su parte, el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, expresó que "este acuerdo impulsa el comercio digital, apoya a empresas de todos los tamaños y establece un punto de referencia global que muestra que las fuertes protecciones de privacidad pueden coexistir con la innovación y el crecimiento".
La Constitución brasileña reconoce la privacidad y la protección de datos como derechos fundamentales, del mismo modo que lo hace la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En 2018, Brasil aprobó la ley General de Protección de Datos, que se considera equivalente al Reglamento General de Protección de Datos aplicado en la UE, y posteriormente creó una autoridad independiente encargada de velar por su cumplimiento, la Autoridad Nacional de Protección de Datos.