El Banco Central Europeo (BCE) aguardará a disponer de datos claros sobre la intensidad y la duración del impacto del conflicto en Oriente Próximo antes de mover ficha, pero no permitirá que la incertidumbre le impida cumplir su compromiso “incondicional” de llevar la inflación al 2% a medio plazo, según ha señalado la presidenta del organismo, Christine Lagarde.
Durante la apertura del ciclo de conferencias organizado en Fráncfort por el Instituto para la Estabilidad Monetaria y Financiera de la Universidad Goethe, la francesa ha recalcado que el BCE afronta esta crisis en una posición distinta a la de hace cuatro años, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, y que ahora dispone de una estrategia adaptada a un entorno mucho más incierto, con respuestas graduadas según la evolución de los acontecimientos.
Asimismo, ha explicado que, a diferencia del episodio de crisis energética de 2021-2022, en el que coincidieron varios factores de tensión al mismo tiempo, en la coyuntura actual existen elementos que apuntan a un impacto más acotado: hasta el momento el efecto directo de la crisis ha sido menor, el contexto macroeconómico es más benigno y las políticas macroeconómicas se encuentran en una posición menos expansiva.
“Partimos de una posición más ventajosa en caso de que sea necesario actuar”, ha resumido Lagarde, aunque ha matizado que “al mismo tiempo, existen motivos para mantenerse alerta”.
“Si actual crisis se mantiene contenida en los mercados energéticos, su impacto en la inflación podría ser limitado. Pero si se intensifica o persiste, la transmisión de la inflación podría acelerarse”, ha advertido.
En este sentido, ha reiterado que el BCE esperará a contar con información suficiente sobre la magnitud, la persistencia y la posible propagación del choque derivado de la crisis en Oriente Próximo antes de tomar decisiones, pero ha insistido en que “la indecisión no nos paralizará: nuestro compromiso de lograr una inflación del 2% a medio plazo es incondicional”.
La conocida como ‘guardiana del euro’ ha subrayado que la institución dispone ahora de mayor capacidad de reacción gracias a un enfoque estrictamente dependiente de los datos, evaluado reunión a reunión, sin atarse de antemano a una trayectoria concreta de los tipos de interés. De este modo, evita limitar su margen de maniobra en un escenario en el que las previsiones pueden modificarse con rapidez, a diferencia de lo que ocurrió en 2022, cuando la orientación prospectiva redujo su flexibilidad.
“Ahora, estamos preparados, si procede, para modificar nuestra política en cualquier reunión”, ha recordado Lagarde.
Además, ha destacado como elemento diferenciador el énfasis en el análisis de riesgos dentro de la estrategia de política monetaria, que incorpora el uso de distintos escenarios para anticipar posibles shocks si cambian las condiciones del entorno. Esto exige un seguimiento minucioso de los indicadores que permiten detectar con antelación la intensidad y el momento de los efectos indirectos y de segunda ronda.
Según ha indicado la presidenta del BCE, la evolución final dependerá de lo que ocurra en los mercados de materias primas y también “de cómo se reparta la carga del shock”, que deberá ser asumida entre trabajadores, empresas y gobiernos.
Al igual que en 2022, ha advertido de que, si las compañías trasladan el encarecimiento de costes a sus precios de venta de forma excesiva, podrían provocar una reacción simétrica por parte de los trabajadores a través de las negociaciones salariales, por lo que el BCE vigilará muy de cerca tanto las expectativas de precios de venta como los principales indicadores de salarios.
Al mismo tiempo, Lagarde ha insistido en que la política fiscal tendrá un papel determinante. Ha señalado que las medidas específicas de los gobiernos pueden ayudar a amortiguar el golpe reduciendo el consumo de energía y apoyando a los hogares con menores ingresos, mientras que “las medidas amplias y de alcance ilimitado pueden aumentar excesivamente la demanda y reforzar la transmisión de costes”.