El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la Ley de Movilidad Sostenible, una legislación clave para que España pueda recibir 10.000 millones de euros en fondos europeos, tras un proceso que ha durado más de tres años y ha abarcado dos legislaturas.
El Gobierno inicialmente aprobó el anteproyecto en marzo de 2022 y fue enviado al Congreso, donde los grupos parlamentarios presentaron enmiendas al texto. No obstante, su tramitación se vio interrumpida cuando se disolvieron las Cortes por las elecciones de julio de 2023.
Entre las primeras versiones del proyecto se contemplaban medidas controvertidas como la imposición de peajes en autovías, una exigencia europea a cambio de financiación. Sin embargo, el Gobierno logró un acuerdo con Bruselas para eliminar esta medida, sustituyéndola por compromisos medioambientales más exigentes.
En febrero de 2024, con un nuevo Gobierno y Cortes establecidos, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reactivó la tramitación de la ley. A pesar de las complicaciones en la aritmética parlamentaria, no fue hasta un año después que el Congreso comenzó a revisar las enmiendas presentadas.
Si bien la ley enfrentó un nuevo obstáculo tras revelarse posibles casos de corrupción en el caso ‘Koldo’, el Gobierno logró avanzar tras intensas negociaciones que resultaron en la inclusión de más de cien enmiendas de diferentes grupos durante su paso por ponencia y comisión.
Una vez superada la Comisión de Transportes, la ley alcanzó el Pleno, donde Podemos amenazó con rechazarla si no se cumplían ciertos requisitos, que variaron con el tiempo. Tras diversas demandas, incluida la paralización de las obras en El Prat, un acuerdo ‘in extremis’ con Podemos pospuso cualquier proyecto en el aeropuerto hasta al menos 2031, asegurando que se respetarán los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55.
Con el apoyo de Podemos asegurado, el proyecto de ley fue enviado al Senado, donde el PP presentó más de ochenta enmiendas, desafiando al Gobierno en varios aspectos, aunque no todas fueron aprobadas. Finalmente, la ley incluye medidas significativas como la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT, un nuevo esquema de rutas de autobús, la instalación obligatoria de estaciones de carga para vehículos eléctricos en gasolineras y la creación de planes de movilidad sostenible en las empresas.