Las Administraciones Públicas concedieron en 2025 autorizaciones de construcción de instalaciones renovables para 482 proyectos, que suman 8.194,4 megavatios (MW), lo que representa una caída del 69% frente al ejercicio previo, según el informe del Observatorio de Energías Renovables de Opina 360.
La tecnología fotovoltaica volvió a ser la protagonista, con permisos de obra para 7.033,3 MW, el 85,6% de toda la potencia aprobada. A continuación se situaron la eólica, con 1.111,2 MW, y la biomasa, con 50 MW.
En el reparto de competencias, los gobiernos autonómicos autorizaron el 59,9% de la potencia (4.910,9 MW), mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica tramitó los permisos para los 3.283,6 MW restantes, el 40,1% del total.
Por territorios, más de la mitad de la potencia visada (53,8%) se localizó en Castilla-La Mancha, que lideró el ránking con 2.218,5 MW, casi íntegramente fotovoltaicos. Le siguieron Andalucía, con 1.118,5 MW, y Aragón, con 1.069,6 MW.
El informe detalla que Cataluña fue la comunidad con mayor volumen de eólica autorizada, mientras que Castilla y León fue la única región que dio luz verde a proyectos de biomasa. La Rioja, por su parte, se mantuvo como la única autonomía sin permisos de construcción para ninguna instalación renovable.
A lo largo del año, 164 proyectos obtuvieron autorización administrativa previa, con una potencia conjunta de 3.689 MW. Este tramo estuvo igualmente dominado por la fotovoltaica, con 3.269,5 MW repartidos en 154 plantas, y por Extremadura en el plano territorial, al concentrar permisos iniciales para 729,4 MW fotovoltaicos.
En materia de impacto ambiental, se publicaron 357 declaraciones favorables que avalan 8.101 MW, de nuevo con la fotovoltaica al frente, al acaparar el 82,7% de la capacidad (6.702,9 MW). Aragón encabezó el volumen con dictamen ambiental positivo, con 1.441 MW.
Durante 2025 atravesaron la fase de información pública 791 proyectos renovables, al menos uno en cada comunidad autónoma, con una potencia conjunta de 14.078,4 MW, lo que supone un descenso del 37,2% respecto a 2024. La fotovoltaica representó el 54,5% y la eólica el 44,7%. Castilla y León lideró en esta etapa con 2.593,8 MW, seguida por Andalucía (2.362,5 MW) y Aragón (2.249,5 MW), que sumaron más de la mitad de la potencia en tramitación avanzada.
El almacenamiento multiplica su previsión
En paralelo, en 2025 se otorgaron permisos de construcción para 53 proyectos de almacenamiento, con una potencia agregada de 815,3 MW, un 8,1% más que el año precedente. De ellos, 546 MW corresponden a baterías, 146 MW a una central de bombeo reversible en Castilla y León y 123,3 MW a hibridaciones asociadas a nuevas plantas fotovoltaicas.
Castilla-La Mancha se situó en primera posición en esta tecnología, con 241,3 MW autorizados, por delante de Castilla y León (147 MW), Asturias (135,9 MW) y Cataluña (122,2 MW). Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia no concedieron licencias de construcción para almacenamiento. Además, se emitió autorización previa para 15 instalaciones que suman 299,3 MW, casi todas basadas en baterías.
El mayor avance se produjo en las fases iniciales: 3.061,8 MW de almacenamiento obtuvieron informe ambiental favorable, casi 2.000 MW más que en 2024. Cataluña (867,8 MW), Comunidad Valenciana (485,4 MW) y Andalucía (471,9 MW) encabezaron este impulso.
Mirando a los próximos años, en 2025 se sometieron a información pública 225 proyectos de almacenamiento por 6.553,8 MW, un incremento del 215% respecto al año anterior. Predominaron las baterías (59,6%) y las centrales de bombeo (39,3%), con Galicia al frente gracias a dos proyectos de bombeo que suman 2.200 MW.
Las Administraciones rechazaron en 2025 un total de 193 proyectos renovables, principalmente por caducidad de permisos (58,7%) o por evaluaciones ambientales negativas (27,7%), con una potencia asociada de 7.576,4 MW, un 49,5% menos que un año antes.
En cuanto al almacenamiento, solo 3 proyectos, con 44,8 MW, fueron finalmente desestimados, la mayoría vinculados a hibridaciones con nuevas instalaciones fotovoltaicas.
El director de Opina 360, Juan Francisco Cano, ha señalado que la reducción de los permisos de construcción "debe interpretarse con perspectiva", ya que 2024 fue un año "atípico y excepcional", condicionado por la obligación de cumplir "los hitos administrativos de caducidad de permisos", lo que aceleró la oleada de aprobaciones.
En este sentido, Cano ha subrayado que lo sucedido en 2025 supone "un retorno a la normalidad y una estabilización del mercado", tras el esfuerzo administrativo del año anterior, si bien ha advertido de que "es vital mantener un flujo constante de tramitación para no comprometer los objetivos a medio plazo".