Las ayudas públicas caen en España en 2023 por primera vez desde 2019, hasta el 0,83% del PIB, según la CNMC

Las ayudas públicas en España bajaron en 2023 al 0,83% del PIB, en línea con la UE, con foco en baterías, telecomunicaciones, energía y desarrollo regional.

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Un hombre sujeta una tablet con un gráfico, a 4 de enero de 2022, en Madrid, (España). Jesús Hellín - Europa Press

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Las ayudas públicas en España se redujeron en 2023 por primera vez desde 2019, hasta suponer el 0,83% del PIB, frente al 1,2% registrado en 2022, según el Informe Anual de Ayudas Públicas de 2025 elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y remitido a las Cortes Generales.

Este informe forma parte de la labor periódica de la CNMC de control y evaluación de las ayudas públicas concedidas en España, con el fin de detectar posibles distorsiones injustificadas en los mercados y favorecer su buen funcionamiento.

El análisis se centra en las ayudas autorizadas por España correspondientes al ejercicio 2023, último año para el que el Marcador de ayudas de Estado de la Unión Europea (UE) dispone de información consolidada.

Descenso de las ayudas también en la Unión Europea

En este escenario, el informe del organismo presidido por Cani Fernández subraya la caída de las ayudas públicas en España en 2023, en línea con la tendencia observada en el conjunto de la UE, donde también se redujeron, pasando del 1,42% del PIB en 2022 al 1,09% en 2023.

Con estas cifras, España se situó en el puesto decimoctavo de la UE en volumen de ayudas respecto al PIB nacional, con un total de 12.406 millones de euros, y en la posición vigesimoprimera en ayudas per cápita, con 258 euros por habitante, por debajo del promedio de la UE-27, situado en torno a 417 euros. Encabezaron la clasificación Dinamarca (861 euros), Luxemburgo (745 euros), Malta (661 euros) y Alemania (608 euros).

En el caso español, las compañías que concentraron un mayor volumen de ayudas en 2023 pertenecen principalmente a la fabricación de baterías, las telecomunicaciones, la automoción, la industria, la energía y el diseño de chips.

Principales beneficiarios y orientación de las ayudas

Entre las empresas más beneficiadas figuran la multinacional de renovables Envision, la compañía de baterías del Grupo Volkswagen PowerCo, Avatel Telecom y Grupo Telefónica, todas ellas con importes superiores a 150 millones de euros. Además, cerca del 30% de las ayudas (0,25% del PIB) se canalizó a través del 'Marco Temporal de Crisis y Transición' (MTCT), mientras que en el conjunto de la UE estas ayudas representaron el 21% del total (0,23% del PIB).

Las ayudas dirigidas a compensar los efectos del Covid fueron “residuales” (40 millones de euros, 0,003% del PIB) debido a su carácter temporal. En el resto de ayudas ordinarias (excluyendo MTCT y Covid), uno de los fines prioritarios fue el desarrollo regional, que concentró en torno al 20% de los recursos, frente al 14% en el conjunto de la UE.

En lo que respecta al sector financiero, el estudio recuerda que desde 2014 no se han concedido nuevas ayudas en España. Entre los objetivos perseguidos por las medidas vigentes, resalta el peso de las ayudas vinculadas al medio ambiente y a la eficiencia energética, que alcanzaron el 22% del total.

No obstante, en el resto de la UE este tipo de ayudas supuso el 51%. Las ayudas de minimis, es decir, las ayudas públicas de escasa cuantía no incluidas en el Marcador de ayudas de Estado de la UE, superaron los 2.164 millones de euros, el equivalente al 0,14% del PIB español de 2023.

Cambios normativos en la UE y actuación de la CNMC

En materia normativa y de resoluciones administrativas y judiciales de las instituciones de la UE sobre ayudas de Estado, en 2024 destacó la modificación del Marco Temporal de crisis y transición, que otorga una mayor flexibilidad a los Estados miembros para poner en marcha y ejecutar programas de ayudas.

Por último, el documento detalla que, en cuanto a la actividad de la CNMC en ayudas públicas durante 2024, tuvieron especial relevancia las actuaciones en los sectores de telecomunicaciones, energía y transporte, así como las dirigidas a garantizar la unidad de mercado. El informe también incorpora la actividad desarrollada por las autoridades autonómicas de competencia.