El sector del autobús en pleno, desde las grandes operadoras hasta las medianas y pequeñas compañías, ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta de Renfe de poner en marcha una nueva sociedad destinada a asumir los servicios alternativos por carretera cuando los trenes no puedan circular, ya sea por obras en la infraestructura ferroviaria o por incidencias derivadas de temporales y otras emergencias.
El departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a las principales patronales del transporte en autobús, ha difundido un comunicado en el que expresa su oposición a los planes de la operadora ferroviaria y tacha la iniciativa de Renfe de “innecesaria y contraproducente”, posicionándose de forma explícita en defensa de la empresa privada.
Pese al malestar del sector, hasta 10 compañías, la mayoría con flotas superiores a los 300 autobuses, ya han comunicado a Renfe su disposición a participar en el proceso y a recibir los pliegos del futuro contrato que la empresa pública prevé licitar. La estructura accionarial de la nueva sociedad contempla, además, que no exista mayoría de capital público, dado que será la compañía privada adjudicataria la que controle el 51% del capital.
Las asociaciones empresariales insisten en pedir a Renfe que dé marcha atrás y revalúe su estrategia, abriéndose a otras fórmulas que permitan atender sus necesidades operativas sin alterar el equilibrio competitivo del mercado del autobús.
Desde Confebús, la patronal de referencia del sector y que integra a grandes grupos como Alsa, recalcan su apuesta por la economía de libre mercado y por la empresa privada “como núcleo básico de creación de riqueza y de prestación de servicios a la sociedad”.
“En el mercado español hay suficientes empresas privadas para hacerlo en las mejores condiciones. Además, esta iniciativa deja fuera a muchas de las empresas del sector, compuesto en su mayoría por Pymes”, sostienen desde la organización empresarial.
Renfe, por su parte, viene alegando en las últimas semanas que afronta serios problemas cada vez que necesita contratar autobuses para suplir trayectos ferroviarios, especialmente en situaciones de emergencia, lo que dispara el coste del servicio y repercute negativamente en la calidad percibida por los usuarios.
La operadora ferroviaria calcula que podría ahorrar cerca de 200 millones de euros durante los 15 años de vigencia que se prevé para la alianza con una empresa privada de autobuses, un recorte de gasto que, según temen en el sector, podría acabar trasladándose a sus márgenes de beneficio.