La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia) y la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CÍES) han expresado su firme rechazo a la posibilidad de que las comunidades autónomas participen en el capital y en el consejo de administración de la ingeniería pública Ineco, lo que permitiría que esta pasara a actuar como medio propio de los gobiernos regionales.
Ambas patronales, que representan a la mayor parte del tejido de la ingeniería privada en España, vienen alertando desde hace tiempo de “una situación de uso abusivo de contratación con Ineco por parte de las administraciones públicas”, al considerar que se está recurriendo a adjudicaciones directas, sin licitación abierta, con efectos negativos sobre el interés general y la libre competencia en el sector.
“Esta situación se puede agravar si, como ya ha aprobado el Gobierno de Canarias, las comunidades autónomas entran en el capital de Ineco y pasan a considerar a esta ingeniería pública como medio propio”, señalan en una nota conjunta, en la que insisten en que este movimiento ampliaría el uso de encargos directos a la compañía estatal.
Las asociaciones subrayan que el papel de Ineco como sociedad pública integrada en los medios propios de las Administraciones está definido en la normativa española para casos excepcionales de suministro de bienes y prestación de servicios, en los que se justifica acudir a recursos internos en lugar de recurrir al mercado mediante concursos abiertos y transparentes que garanticen la concurrencia competitiva.
Recuerdan que esa excepcionalidad solo puede basarse en tres supuestos: motivos de seguridad nacional, situaciones de urgencia y una mayor eficiencia derivada de la inexistencia de alternativas reales en el sector privado. Fuera de estos casos, sostienen que recurrir a empresas públicas como Ineco genera “barreras de desarrollo a las empresas de capital privado, socava y drena una muy considerable carga de trabajo a las ingenierías privadas, dificultando su crecimiento y, consecuentemente, su robustez y rentabilidad”.
Entrada de Canarias en el accionariado de Ineco
La reacción de Tecniberia y CÍES se produce después de que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobara, el pasado 2 de febrero, la suscripción por parte de la comunidad autónoma de una acción de Ineco, con la finalidad de convertirla en medio propio del Ejecutivo regional y avanzar así en la planificación y ejecución de los proyectos ferroviarios previstos en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
La comunidad canaria se integrará en el capital social de Ineco mediante la compra de una única acción, con un valor nominal de 125,01 euros y un precio de adquisición de 1.450,27 euros, dentro de la ampliación de capital aprobada por la propia compañía. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, asumirá la representación de Canarias tanto en la junta general como en el consejo de administración de Ineco.
Ineco es una sociedad mercantil estatal adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Hasta este cambio, su accionariado estaba compuesto exclusivamente por entidades públicas: Enaire (45,85%), Adif (20,69%), Adif Alta Velocidad (20,68%) y Renfe (12,78%).
Ante este nuevo escenario, Tecniberia y CÍES se ponen a disposición del Gobierno de Canarias y plantean que las empresas asociadas a ambas organizaciones puedan encargarse de la redacción y desarrollo de los proyectos contemplados en el plan ferroviario de las islas.