Dos de las personas indultadas por el caso de “las Seis de La Suiza”, Luara Carrio y Héctor González, han expresado su alivio por recuperar una libertad que, a su juicio, nunca debería habérseles arrebatado.
Carrio ha subrayado que, aunque considera positiva la decisión del Gobierno, “tampoco es una felicidad completa”. Lo ha manifestado ante los medios antes de la rueda de prensa convocada en Gijón por el colectivo Sofitu, impulsor de la campaña de apoyo a las seis personas condenadas, cinco mujeres y un hombre.
Ha advertido de que “aunque nosotras ahora disfrutemos del indulto y de la libertad, los derechos sindicales siguen estando en tela de juicio porque se ha sentado una jurisprudencia y eso es algo que nos preocupa de cara al futuro”.
Sobre los hechos que originaron la condena, ha recalcado que se trató de concentraciones autorizadas por la Delegación del Gobierno y que “en ninguna de ellas hubo absolutamente ningún incidente, no hubo ningún atisbo de violencia”.
Ha rememorado, además, que esas movilizaciones se desarrollaron en Asturias, una comunidad con una larga tradición de luchas obreras, por lo que le resulta “un poco paradójico” que haya sido precisamente en esa región donde hayan terminado condenadas.
También ha reconocido que no esperaban este desenlace judicial, ya que los mismos hechos habían sido archivados en varias ocasiones por otros juzgados de Gijón e incluso por la Audiencia Provincial.
“Parece que según donde caiga, los mismos hechos pueden terminar siendo juzgados y determinados como delictivos o simplemente como derecho sindical”, ha señalado Carrio, quien ha recordado que se les impusieron tres años y medio de prisión y una multa de 125.00 euros a cada una.
Ha relatado que llegaron a ingresar en prisión durante unos nueve o diez días, hasta que se les concedió el tercer grado. Ha lamentado que incluso esa clasificación penitenciaria esté siendo cuestionada por la parte denunciante.
“Nosotras fuimos catalogadas en tercer grado porque cumplíamos absolutamente todos los requisitos que cumple cualquier persona para ser catalogada en tercer grado”, ha defendido, insistiendo en que carecían de antecedentes penales.
“Somos personas con vidas normales, trabajos normales y así fuimos catalogadas de forma normal”, ha reiterado. Ha añadido que dos de las condenadas, madres, permanecieron algo más de tiempo con control telemático, un sistema al que el resto se incorporó hace unas dos o tres semanas.
Respecto al impacto personal de la causa, ha admitido que “ha habido de todo, subidones, bajones, porque son nueve años y son muchos años, pero yo creo que siempre nos hemos mantenido fuertes, unidas, con mucha dignidad y con la tranquilidad de todo el apoyo que hemos tenido”. Ha agradecido el respaldo recibido desde el ámbito sindical y por parte de la ciudadanía que se ha volcado en la defensa de su libertad y de la acción sindical.
Sobre el anuncio del hijo de los propietarios de la pastelería de que pretende recurrir el indulto, ha señalado que le parece “bastante propio de él”.
“Nos gustaría a nosotras también, ya que se dice que hemos acosado o nos hemos pasado, pues por una vez en la vida con este tema también descansar de ese asedio y esa persecución que llevamos también sufriendo nueve años”, ha enfatizado Carrio.
González, por su lado, ha mostrado su alivio personal por la medida de gracia. “A cualquier persona que haya tenido algún tipo de privación de libertad, le gusta recuperarla en la medida de lo posible”, ha afirmado.
Sin embargo, ha advertido de que, desde el punto de vista colectivo, la situación es distinta, porque más allá de que la condena no debería haberse producido, permanece una jurisprudencia que, a su entender, complica el ejercicio del derecho sindical, la defensa de las condiciones laborales y, en general, restringe el derecho de reunión y manifestación, limita las libertades “y eso no es una buena noticia nunca”.
Preguntado por si cree que lo ocurrido puede generar más temor a la hora de implicarse en la actividad sindical, ha expresado su deseo de que no tenga ese efecto disuasorio.
González ha reiterado que siempre han mantenido que lo sucedido fue “acción sindical, sindicalismo y ejercicio de derechos fundamentales como son las libertades, o sea los derechos de reunión y manifestación”.
“Eso lo hemos defendido siempre”, ha insistido, subrayando que esa misma lectura comparten “decenas de organizaciones sindicales, partidos políticos, asociaciones de vecinos, un “montonazo de gente anónima, gente del mundo de la cultura y gente a lo largo de todo el mundo se ha solidarizado con nosotros”.
Sobre su paso por prisión, ha admitido que “no es plato de buen gusto, pero también lo hemos asumido como algo que era un peaje que nos tocaba pagar y que había que asumirlo y llevarlo”.
Ha reconocido que la experiencia “a veces se ha hecho más tedioso, otras veces menos”, aunque ha valorado haber podido cumplir buena parte de la condena en tercer grado “y con entereza”. En relación con la sanción económica, ha precisado que la multa se abonó hace, al menos, año y medio.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el indulto para las seis personas sindicalistas, cinco mujeres y un hombre de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), condenadas a tres años y medio de prisión por su participación en una protesta laboral en una pastelería de Gijón, por unos hechos ocurridos en 2017. El establecimiento, que terminó cerrando, fue quien interpuso la denuncia contra ellas.