Los titulares de Finanzas y Economía de España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia reclaman dar un impulso decidido a la Unión de Ahorros e Inversiones, al entender que reforzar los mercados de capitales del bloque comunitario constituye una "necesidad estratégica urgente" para apuntalar la competitividad y la autonomía económica de la Unión Europea.
En una misiva remitida a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo y a la del Eurogrupo, estos seis Estados miembros —conocidos como E6— sostienen que unos mercados de capitales más integrados en la UE permitirían "fortalecer el potencial de crecimiento de Europa" y canalizar más recursos hacia las prioridades comunes.
En este contexto, reclaman, entre otras medidas, avanzar antes del verano en el paquete legislativo sobre integración y supervisión de mercados presentado por el Ejecutivo comunitario en diciembre de 2025, con el objetivo de acelerar su tramitación.
El documento plantea que estas reformas sirvan para derribar trabas nacionales y facilitar la distribución transfronteriza de fondos de inversión, de modo que los ahorradores puedan acceder mejor a los mercados europeos y las compañías dispongan de más vías para captar capital.
Los seis países apuestan igualmente por reforzar la supervisión de las infraestructuras financieras consideradas más críticas a escala europea y por elevar la transparencia en los mercados bursátiles, con el fin de evitar el desplazamiento de las operaciones hacia entornos menos claros.
Paralelamente, los ministros consideran que la titulización puede contribuir a liberar capacidad de financiación en los balances bancarios y reclaman cerrar con rapidez las negociaciones legislativas para reactivar este segmento en Europa antes del próximo otoño.
Asimismo, proponen analizar la puesta en marcha de una plataforma europea de titulización y avanzar hacia una mayor convergencia de las normas financieras mediante un Código Europeo de Mercados de Capitales que facilite las operaciones transfronterizas.
Impulso al euro digital y a los pagos europeos
La carta también aboga por promover soluciones de pago digitales propias de la UE y acelerar la adopción del euro digital, al que califican de "esencial" para configurar un sistema de pagos europeo más autónomo y resistente.
Los responsables económicos piden además culminar con rapidez el proceso legislativo y reclaman al Parlamento Europeo que respalde la posición del Consejo para implantar el euro digital, tanto en versión 'online' como 'offline', como medio de pago interoperable en toda la Unión.
Capital riesgo, salidas a bolsa y simplificación normativa
En el ámbito de la financiación empresarial, los firmantes plantean ampliar los instrumentos destinados a movilizar capital riesgo hacia compañías innovadoras, incluida una segunda fase de la Iniciativa Europea de Campeones Tecnológicos, con nuevas aportaciones de los Estados participantes a partir de este año.
Los ministros reclaman también facilitar las salidas a bolsa en la UE mediante un procedimiento simplificado para las ofertas públicas iniciales y analizar la creación de un régimen jurídico europeo opcional para empresas con actividad en varios países, de forma que no tengan que ajustarse a 27 marcos normativos distintos.
Otra de las líneas de actuación que recogen en su carta es la simplificación del entramado regulatorio financiero europeo. Los seis gobiernos piden a la Comisión que presente antes de finales de 2026 un paquete de simplificación que revise las normas vigentes y elimine aquellas que hayan dejado de responder a las necesidades actuales.
Por último, los ministros defienden impulsar una mayor presencia de los pequeños ahorradores en los mercados de capitales europeos mediante programas de educación financiera, cuentas combinadas de ahorro e inversión y estímulos para los productos de pensiones privadas.
Los firmantes insisten en que la viabilidad de la Unión de Ahorros e Inversiones dependerá de que los Estados miembros conviertan estas propuestas "en acciones concretas" y de que exista una cooperación estrecha entre los gobiernos nacionales y las instituciones de la UE.