Las principales asociaciones empresariales de las telecomunicaciones en Europa han cargado contra la propuesta de la Comisión Europea para la nueva Ley de Redes Digitales (DNA, por sus siglas en inglés). A su entender, el texto introduce más trámites y complejidad regulatoria justo cuando, en su opinión, el continente necesita normas más ágiles para impulsar la transformación tecnológica que permita a Europa competir en mejores condiciones frente a Estados Unidos y China.
“Lo que se prometió como una legislación audaz, en su forma actual, no será suficiente para alterar el 'status quo' y significará que Europa seguirá quedándose por detrás de los líderes mundiales”, ha señalado por su parte la GSMA, la patronal mundial de la industria móvil.
En términos similares se ha pronunciado Connect Europe, que ha advertido de que en un “entorno geopolítico en rápido deterioro”, la Unión Europea “ya no puede permitirse el exceso de regulación, la fragmentación y la falta de inversión”.
“Crear las condiciones adecuadas para la inversión requiere menos regulación y menos complejidad, no más”, ha añadido.
Al mismo tiempo, la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) sostiene que el borrador de la DNA incorpora nuevas obligaciones administrativas y solapamientos en ámbitos como la privacidad y la protección del usuario. A juicio de la patronal, esto perjudica la competitividad del sector y se produce “sin mejoras tangibles para los consumidores”, por lo que considera que la Unión Europea (UE) “debe profundizar en la armonización normativa”.
Las dos grandes organizaciones europeas del sector coinciden además en que el planteamiento actual de la Ley de Redes Digitales no refleja el alcance ni la ambición de los informes Draghi y Letta.
“El proyecto de ley parece ser una continuación del 'statu quo', carente de propuestas transformadoras para impulsar la inversión tan necesaria”, ha remarcado Connect Europe, que ha instado a los legisladores de la UE a “restablecer el nivel de ambición” de los mencionados informes y a situar la simplificación, la armonización, la innovación y la competitividad en el núcleo de esta reforma regulatoria.
Buena acogida al nuevo enfoque sobre el espectro
Junto a las críticas generales, tanto GSMA y Connect Europe como DigitalES coinciden en valorar de forma positiva el giro planteado por Bruselas en materia de espectro radioeléctrico.
“La propuesta de la Comisión de establecer licencias de espectro de duración ilimitada representa una señal clara y positiva para el mercado, al alinear a la UE con los líderes globales en 5G y mejorar la certidumbre regulatoria necesaria para la inversión a largo plazo”, ha apuntado por su parte DigitalES, que ha remarcado que apoya de manera firme este enfoque y considera “esencial” que se mantenga y se refuerce en el proceso legislativo.
Por su lado, la GSMA considera que es “alentador” que se adopte un enfoque “más inteligente y a largo plazo” sobre el espectro, al que ha definido como el “motor” de la conectividad.
“El enfoque de un mercado único (...) brindará mayor seguridad en la inversión a los operadores móviles y es vital que los legisladores de la UE apoyen esta medida”, ha resumido, en una posición alineada con la de Connect Europe.
El gran ausente: el 'fair share'
Pese a los avances en espectro, el gran caballo de batalla de las telecos europeas que ha quedado fuera del plan comunitario es el llamado 'fair share'. Se trata de la reclamación de una tasa para que las grandes plataformas de contenidos, como Google, Netflix o Amazon, contribuyan económicamente con un “peaje” por el uso intensivo de las redes de los operadores.
“Además de las propuestas de gran alcance sobre la política del espectro radioeléctrico, está claro que muchas de las reformas prometidas originalmente lamentablemente se han quedado fuera de la mesa. La propuesta de la DNA representa una evolución regulatoria donde se requiere una revolución”, ha señalado por su parte la GSMA, en referencia a la ausencia del 'fair share' en la propuesta.
La asociación también subraya que el texto de Bruselas incorpora un mecanismo voluntario de conciliación “poco claro” entre los operadores de red y los grandes generadores de tráfico.
“Esto dista mucho de abordar las importantes y persistentes asimetrías en el poder de negociación. La falta de un mecanismo de resolución de conflictos más vinculante (...) perpetúa unas condiciones de competencia desiguales que perjudican al sector de las telecomunicaciones y a la competitividad general de la UE”, ha agregado.
Connect Europe, por su parte, defiende que la competitividad y la soberanía de Europa en los mercados tecnológicos internacionales requieren “condiciones justas y competitivas” para las compañías de telecomunicaciones.
“Esto implica eliminar las asimetrías regulatorias que actualmente lastran a nuestro sector, pero también establecer un mecanismo de arbitraje obligatorio en los mercados de tráfico de datos. Las medidas voluntarias contribuirán poco a alcanzar negociaciones de igualdad con los grandes gigantes tecnológicos”, ha valorado.
La propuesta del 'fair share' surgió en la anterior legislatura a raíz de la presión de los operadores europeos, que reclamaban que las multinacionales tecnológicas asumieran parte de los costes de la infraestructura necesaria para prestar sus servicios, dado que también se benefician de ella.
No obstante, esta idea, duramente cuestionada por Estados Unidos al considerar que impactaría sobre todo en sus empresas, ha quedado fuera del paquete normativo presentado por la Comisión. En su lugar, Bruselas se inclina por un “mecanismo voluntario de cooperación” entre los proveedores de conectividad y otros actores, como las plataformas de aplicaciones de contenido y los servicios en la nube.