El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha expresado su estupor y ha tildado de “irresponsables” las manifestaciones del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón. Este último declaró este lunes en el Senado que el siniestro de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas, fue un hecho “fortuito y con una carga enorme de mala suerte”, mientras que la asociación sostiene que “todo accidente es evitable”.
En declaraciones a Europa Press, Samper, que siguió la intervención de Barrón en la primera sesión de la comisión de investigación promovida por el PP sobre los accidentes de Adamuz y Gélida, ha considerado una “irresponsabilidad” sus palabras porque “todos los accidentes son evitables, absolutamente todos”.
“Comentar que sea fortuito y que le pregunten si era evitable y diga que, bueno, que una vez que se saben las causas pues sí, es evitable, pero claro que antes era distinto, a mí me parece, como mínimo una irresponsabilidad”, ha añadido el representante de las víctimas.
Samper ha subrayado además que “afortunadamente no solo está la CIAF con su informe, que es manipulable y seguramente lo sea”, sino que también existe la investigación de la Guardia Civil, donde “ya se está viendo las responsabilidades que hay por parte de algunas personas, de algunas empresas, y que va a llevar las palabras que ha dicho este señor del Senado a la nada, porque, vamos, que sea fortuito es tremendo”.
“Algo parecido fue lo que dijo en comparecencia en el Senado el ministro de Transporte, Óscar Puente. Pero nosotros lo vamos a llamar un suceso evitable que eso es lo que realmente ha sido y no vamos a negar cualquier otra manifestación que haya a este respecto. Por eso es preocupante que el propio presidente de la CIAF diga que es fortuito”, ha manifestado Samper.
Preocupación por el informe de la CIAF
El presidente de la asociación ha centrado también sus críticas en la forma en que la CIAF elabora su informe, un asunto que les inquieta “enormemente”. Al hilo de las explicaciones dadas por Barrón, Samper ha señalado que “unos investigadores, con unos conocimientos técnicos, elaboran un borrador, que es privado y no se va a conocer ese borrador”, y ha asegurado que ya se le han denegado borradores de otros siniestros.
“Se niegan a facilitarme esa información porque luego, como él bien dice, ese borrador va a pasar por una criba, por un filtro, que es el pleno, que está compuesto por personas que no sabemos si son políticamente correctas, pero tienen la potestad de modificar ese informe si no les gusta”, ha insistido.
En este sentido, ha recalcado que dicho informe debería recoger “todos los aspectos de la investigación y características técnicas de la rotura, por ejemplo”, y “no entiende” por qué “tiene que pasar por la CIAF”, temiendo que “no sea para corregirle el léxico, sino el fondo”. “Eso es algo que nos preocupa”, ha recalcado.
Críticas por no permitir su presencia en el Senado
Samper ha denunciado igualmente que solicitaron “expresamente” poder asistir a esta sesión en la Cámara Alta, “como ha ocurrido antes con las víctimas de la DANA o de otros sucesos”, pero su petición “ha sido negada”. Según ha explicado, “para esta nos lo han negado y para la próxima intentarán que estemos”.
Sobre los motivos alegados, ha indicado que se han escudado en los protocolos y en que la solicitud se presentó “muy tarde”. “Lo pedimos el jueves pasado, yo creo que hay tiempo más que suficiente para que todos los grupos políticos sean conocedores de esto y los portavoces y manifiesten que están de acuerdo con que comparezcamos como ha ocurrido en otras ocasiones. Me parece que no es excusa que lo hayamos pedido este mismo jueves”, ha argumentado.
Falta de información a los afectados
En otro orden de cosas, Samper ha desmentido, “como ha dicho el presidente durante su intervención”, que la CIAF esté “informando en todo momento a la víctimas”. “Yo soy el presidente y portavoz de la asociación de afectados y no tengo ni un solo informe de la CIA, ni uno solo”, ha enfatizado.
“Es verdad que nos llamaron en los primeros momentos, nos enseñaron un trozo de vía o algunos gráficos, pero de manera informal y por parte de las investigadoras cuando estaban haciendo entrevistas a las víctimas. Pero realmente un informe con la investigación que hay hasta ahora remitido a las víctimas no existe”, ha reiterado.
Samper ha apuntado también que uno de los pasajes “interesantes” de la intervención de Barrón fue cuando habló del volumen de accidentes, al admitir “una tendencia ascendente de accidentes e incidentes”, aunque matizando que “eso no quiere decir que las redes ferroviarias sean más inseguras”.
Asimismo, se ha referido a las explicaciones sobre las limitaciones de velocidad, ya que Barrón indicó que “hay mil avisos de maquinistas que han provocado limitaciones de velocidad y que se va incrementando exponencialmente también”.
En paralelo, Samper ha cuestionado que se asegure que “se han pedido refuerzos”, porque, según ha dicho, “no hay investigadores suficientes, hay dos personas, una de ellas con poquísima experiencia”. “Y estas propias investigadoras están pidiendo más personas, medios humanos y económicos. Este señor no se refiere a eso en ningún momento. Y debería de haberlo dicho en el Senado”, ha añadido.
También ha incidido en que otra cuestión de la que “no habla” es que a la CIAF “se le están negando datos de comunicaciones del 112 y del 061 por parte de la Junta de Andalucía. “Estos datos los ha pedido la CIAF expresamente, las investigadores, y se les ha negado. Y no ha hecho mención ninguna a este hecho. Es trascendental para saber por qué las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sanitarios tardaron una hora y media casi en llegar a atender a las víctimas”, ha enfatizado.
Rechazo a la unificación de acusaciones
Respecto a la decisión de la jueza del Juzgado de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que instruye la causa, de “unificar” las acusaciones particulares personadas, que suman 142, y las acusaciones populares, un total de seis, Samper ha admitido que la medida les ha sorprendido y se ha mostrado en contra.
“Hay más de 400 víctimas que van a denunciar tanto por responsabilidad penal como por responsabilidad civil, por lo que a mí no puede defender igual, por ejemplo, el primer abogado que denunció, como dice la jueza, que no sé quién sería. Ese señor ni me conoce ni me representa ni le he pagado, por lo que cómo va a hacer ese señor eso con 400 personas. O sea, es que es incongruente, algo que no nos cabe en la cabeza cómo se puede hacer esto”, ha señalado.
Por este motivo, desde la asociación confían en que la magistrada “finalmente va a rectificar”, y “va a ir más por la línea de pedir apoyo, que creemos que ya lo está haciendo o lo ha hecho, si lo que pretende es que el proceso sea más rápido”. A su juicio, “lógicamente es un proceso lento, hay muchas connotaciones, muchas personas, pero esta no es la solución, no te puede defender un abogado que no conoce tu caso, que está fuera de aquí. No tiene sentido”, ha concluido.