La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha recibido este martes la autorización del Ministerio del Interior para llevar a cabo la concentración que tenía programada frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, el próximo 15 de abril.
Así lo ha señalado a Europa Press el presidente del colectivo, Mario Samper, que se encuentra este martes en la capital para mantener por la tarde una reunión con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Este encuentro se ha fijado tras la carta remitida por la asociación hace alrededor de un mes, después de que, según Samper, "tras dos meses, este señor no ha hablado con nosotros, ni una disculpa ni una explicación ni nada".
La concentración ante la Cámara Baja será la segunda movilización organizada por la asociación desde su creación en febrero, después de la marcha celebrada en Huelva el pasado 20 de marzo, a la que acudieron más de 5.000 personas, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional.
La entidad decidió tramitar de forma paralela la autorización para la protesta de Huelva y la de Madrid, con la intención de facilitar la participación de afectados de distintas provincias que no pudieron desplazarse a la capital onubense.
Según explicó Samper, estas iniciativas tienen como finalidad que "no se olvide lo que pasó, que se conozca la verdad", así como reclamar "la seguridad ferroviaria".
Además, la asociación ha programado para el miércoles 8 una reunión telemática con responsables de la Agencia Europea del Ferrocarril y, para el jueves 9, un encuentro con un directivo de Iryo, dado que uno de los dos vagones siniestrados era de esta compañía italiana.
Con el representante de Iryo, el colectivo pretende abordar "la gestión que ha realizado con las víctimas" y plantear "algunas quejas o sugerencias", mientras que a la Agencia Europea del Ferrocarril quiere trasladarle sus dudas sobre "cuál es su grado de implicación en los trabajos que hace la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)" y conocer "su grado de fiscalización sobre los mismos" y "en qué manera se va a producir ese control".
El siniestro ferroviario del 18 de enero dejó más de un centenar de heridos y 46 fallecidos, con un impacto especialmente duro en la provincia de Huelva, donde se registraron 28 víctimas mortales. La última de ellas, una mujer de 42 años de La Palma del Condado, murió el 30 de enero en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, días después del accidente.
La mayoría de las personas fallecidas eran de nacionalidad española, salvo tres víctimas originarias de Marruecos, Rusia y Alemania. De acuerdo con los datos difundidos en las horas y días posteriores al descarrilamiento, 28 de los fallecidos residían en Huelva; nueve en Madrid; dos en León; dos en Córdoba; uno en Alemania; uno en Alicante; uno en Málaga; uno en Tenerife y uno en Ceuta.