El volumen de calificaciones definitivas de vivienda protegida se redujo un 22,7% en 2025 en comparación con el ejercicio previo, situándose en 11.104 unidades, según la estadística trimestral de “Vivienda libre y vivienda protegida” elaborada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y difundida por Europa Press.
Pese a este descenso, el registro de calificaciones definitivas de vivienda protegida de 2025 se mantuvo como el segundo más elevado desde 2014, solo por detrás del máximo alcanzado en 2024, año en el que se concedieron 14.371 calificaciones definitivas de vivienda protegida.
En el cuarto trimestre de 2025 se otorgaron 4.606 calificaciones de vivienda protegida, lo que supone un recorte del 28,2% frente al mismo periodo de 2024.
En paralelo, las viviendas libres iniciadas durante 2025 sumaron 121.827 unidades, lo que implica un crecimiento del 8,6% interanual. Entre octubre y diciembre se pusieron en marcha 34.200 viviendas libres, un 21,6% más.
Por comunidades autónomas, Cataluña encabezó la lista de viviendas de protección oficial (VPO) calificadas en 2025, con 3.517 inmuebles. A continuación se situaron Andalucía, con 2.265 unidades, y la Comunidad de Madrid, con 2.048. En el extremo opuesto, Melilla, Ceuta, La Rioja, Región de Murcia, Canarias y Cantabria no registraron ninguna vivienda protegida calificada.
En cuanto a las viviendas libres iniciadas en el conjunto del año, Andalucía lideró la estadística con 27.454 unidades, seguida por la Comunidad de Madrid, con 17.718, y la Comunidad Valenciana, con 14.256. Ceuta (24), Melilla (133) y La Rioja (1.405) presentaron las cifras más reducidas.
El 63,6% de la VPO procede de promotores privados
Si se analiza la VPO por tipo de promotor, el 63,6% del total (7.058 viviendas) fue impulsado por promotores privados, mientras que el 36,4% restante (4.046 viviendas) correspondió a promociones de entidades públicas, tanto de planes autonómicos como estatales. En comparación con 2024, la actividad de los promotores privados disminuyó un 33,5%, al tiempo que la de los promotores públicos aumentó un 7,9%.
Desde el Ministerio de Vivienda subrayan que la metodología de esta estadística no incluye dentro del concepto de vivienda protegida toda la oferta pública existente, como es el caso de las viviendas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).