El mercado del alquiler continúa registrando un comportamiento acelerado: una vivienda tarda de media 8 días en encontrar inquilino, mientras que la venta de un inmueble requiere un proceso bastante más prolongado, con unos 54 días de media hasta cerrar la operación. Esta diferencia evidencia que el sector inmobiliario avanza actualmente a dos velocidades.
Así lo han señalado los especialistas de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y SIRA en la “XXIII edición del Barómetro Inmobiliario”, donde han advertido de que el arrendamiento se sitúa en un nivel de máxima tensión, con tiempos de absorción prácticamente inmediatos.
En sentido contrario, la compraventa muestra un recorrido “más racional y pausado” que el alquiler, condicionado por trámites más largos vinculados al acceso a la financiación, las tasaciones o la formalización ante notario, entre otros factores.
El informe incorpora además previsiones sobre la evolución del precio de la vivienda de cara a 2026. El 90% de los profesionales inmobiliarios prevé que los precios se encarezcan en los próximos meses entre un 5% y un 10%, impulsados por la reducción del ‘stock’ disponible y una demanda que se mantiene firme.
“Las mayores subidas se concentrarán en los grandes polos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, así como en municipios bien conectados con capitales”, ha indicado la directora comercial de financiación hipotecaria en UCI, Lorena Zenklussen.
En cuanto a la actividad de compraventas, disminuye el consenso entre los agentes que esperan un incremento del número de operaciones en 2026: el porcentaje baja 19 puntos, hasta el 73%. No obstante, solo 3 de cada 10 profesionales considera que el volumen de compradores se reducirá el próximo año.
Los agentes reclaman medidas contra la ocupación ilegal
Ante este contexto, los expertos insisten en la necesidad de liberar oferta retenida y dinamizar el sistema mediante mayor seguridad jurídica, incentivos fiscales y una reducción de la burocracia.
Para 6 de cada 10 inmobiliarios (62%), una de las actuaciones prioritarias pasa por reforzar la seguridad jurídica de la propiedad, incorporando como objetivo expreso poner fin a la ocupación ilegal y a los “inquiocupas”.
La segunda medida más compartida, respaldada por el 39% de los profesionales, es el impulso de ventajas fiscales para los propietarios que destinen sus inmuebles al alquiler, subrayando que los estímulos tributarios pueden convertirse en una herramienta rápida para recuperar ‘stock’ en el mercado.
Asimismo, el 35% considera fundamental agilizar los procedimientos administrativos para generar suelo finalista, es decir, preparado para edificar, mientras que un 30% reclama una rebaja sustancial de la carga impositiva en las distintas fases de producción de vivienda, con especial atención a la vivienda protegida.
El 29% apuesta por permitir cambios de uso de locales y oficinas a vivienda, un porcentaje que coincide con otra demanda esencial: acelerar la concesión de licencias (29%).
En el ámbito de la financiación, 2 de cada 10 profesionales (23%) piden facilitar mayores porcentajes de financiación hipotecaria, señalando las dificultades de acceso al crédito que afrontan numerosos compradores. Paralelamente, un 17% reclama ampliar la disponibilidad de financiación destinada a promotores.
En lo relativo a la rehabilitación y actualización del parque residencial, un 18% propone que las administraciones impulsen la rehabilitación para incorporar nuevas viviendas al alquiler, una vía que permitiría recuperar inmuebles infrautilizados o envejecidos.
Por último, la industrialización de la construcción, pese a su presencia en el debate del sector, solo cuenta con el apoyo del 9% de los encuestados.