Imanol Pradales, el lehendakari, ha refutado las acusaciones que señalan a la empresa CAF como contribuyente y corresponsable del genocidio en Gaza debido a su implicación en la expansión del tren ligero en Jerusalén. En este contexto, ha reprochado a la agrupación Sumar por “instrumentalizar el drama palestino”, después de que esta solicitara al Gobierno Vasco acciones para que CAF se retire del mencionado proyecto.
Durante el pleno de control en el Parlamento Vasco, celebrado el viernes, Pradales contestó a Jon Hernández, parlamentario de Sumar Mugimendua, quien relacionó la participación de CAF, financiada con capital público, con la ocupación ilegal de territorios palestinos por parte de Israel. Pradales defendió que “en la política no todo vale” y criticó a Hernández por lanzar acusaciones “muy graves”, como afirmar que CAF es “corresponsable del genocidio” en Palestina, una situación que incluso Naciones Unidas ha tildado de “criminal”.
“Ya está bien de señalar en democracia”, enfatizó el lehendakari, recordando palabras de una sesión previa: “Sabemos demasiado en este país cómo empiezan estas cosas, pero nunca cómo acaban”. Además, Pradales subrayó que el principal responsable del genocidio en Gaza es el gobierno de Netanyahu; el gobierno de Israel, señor Hernández”, y criticó la manipulación del sufrimiento palestino.
Hernández argumentó que participar en dicho proyecto significa “contribuir a la política de ‘apartheid’ del gobierno israelí” y rememoró que el derecho internacional cataloga como crimen de guerra “construir en territorios ocupados”, lo cual realiza Israel con este proyecto, que es clave para mantener asentamientos ilegales. Acusó al Gobierno Vasco de defender a la empresa y expresó su preocupación porque el Ejecutivo pareciera negar la naturaleza real de este proyecto, describiéndolo como una herramienta de ocupación ilegal que infringe derechos fundamentales de la población.
Pradales instó a Sumar Mugimendua a la “coherencia”, recordándoles que su partido exige en Euskadi lo que no aplica en Madrid, donde participa en el Gobierno central. El Ministerio de Asuntos Exteriores, con participación de su partido, consultó sobre el contrato sin hallar impedimentos legales ni éticos. Reafirmó que CAF sigue altos estándares de conducta empresarial responsable, aplicando procedimientos y guías de la ONU. Además, antes de firmar el contrato, CAF realizó un análisis legal con expertos independientes, incluyendo a expertos de Naciones Unidas, y acató las directrices de la OCDE, respaldadas por sentencias judiciales y apoyadas por los sindicatos.