El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés) ha advertido de posibles deficiencias en control, transparencia y rendición de cuentas en las iniciativas de la Comisión Europea para el Fondo Europeo de Competitividad y el programa Horizonte Europa, dos herramientas que concentrarán más de 400.000 millones de euros del próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea.
En dos dictámenes divulgados este lunes, los auditores subrayan que, aunque la apuesta por la competitividad, la innovación y la investigación se considera una prioridad política con “elevado valor añadido de la UE”, ni la normativa comunitaria vigente ni las nuevas propuestas fijan “una definición común” de este concepto, lo que podría repercutir en la coherencia y en la evaluación del uso de los recursos.
El Tribunal también pone de relieve que ambas propuestas incluyen múltiples menciones a prioridades transversales de la UE, pero ni la Comisión ni los Estados miembro cuentan con datos completos y fiables sobre cómo se emplean los fondos para dichos fines, una carencia que, según alerta, no se corrige en los proyectos legislativos presentados.
En lo que respecta al Fondo Europeo de Competitividad, los auditores señalan que la amplia flexibilidad prevista en su configuración —que hará posible transferir dinero con rapidez entre distintas líneas de actuación y recibir aportaciones adicionales de los Estados miembro u otros participantes— puede suscitar interrogantes en materia de ayudas públicas nacionales, un aspecto que, a su entender, debería aclararse antes de la puesta en marcha del instrumento.
El Tribunal plantea además la necesidad de definir con mayor precisión los requisitos mínimos sobre la capacidad de rotación de los instrumentos financieros, es decir, el número de veces que los fondos podrán reutilizarse, y reclama que las comisiones de gestión se mantengan en niveles razonablemente bajos para los socios que ejecuten los programas, como el Banco Europeo de Inversiones.
En cuanto a la simplificación normativa, los auditores valoran positivamente la intención de establecer un marco único de reglas y condiciones de pago armonizadas, aunque señalan que siguen existiendo dudas significativas, sobre todo en ámbitos como la contratación pública, la utilización de financiación no vinculada a los costes y las distintas modalidades de costes simplificados.
El Tribunal detecta igualmente riesgos en el respeto de las normas, la transparencia y la trazabilidad de los fondos, en particular en el sector de la investigación. Aunque reconoce la existencia de medidas eficaces que pueden aliviar la carga administrativa, insiste en que sus reglas de aplicación deben quedar claramente delimitadas.
Las propuestas examinadas se inscriben en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, que prevé movilizar cerca de dos billones de euros, si bien su configuración definitiva dependerá del acuerdo que alcancen los Estados miembro y el Parlamento Europeo.