El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés) ha puesto de manifiesto carencias en el funcionamiento de las agencias de la Unión Europea encargadas de combatir el fraude con fondos comunitarios, sobre todo por los problemas en el intercambio de información y la falta de seguimiento efectivo sobre la recuperación del dinero desviado.
Los auditores han examinado el sistema europeo de lucha contra el fraude, en el que intervienen la Fiscalía Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y otras entidades como Europol y Eurojust. Aunque cada una tiene competencias específicas, el Tribunal remarca que su misión es complementarse para salvaguardar el presupuesto de la UE.
No obstante, el informe concluye que el flujo de información entre estos organismos no es lo bastante ágil, lo que merma la efectividad de las pesquisas. En particular, se apuntan obstáculos en la cooperación entre la Fiscalía Europea, encargada de los delitos penales, y la OLAF, responsable de las investigaciones de carácter administrativo.
Según los auditores, los procedimientos vigentes resultan enrevesados y favorecen las duplicidades, ya que un mismo asunto puede comunicarse a varias instancias sin una coordinación precisa. Esto desemboca en demoras y en el peligro de que determinadas denuncias no lleguen a la Fiscalía Europea para determinar si existe un posible delito.
Entre 2022 y 2024, la Fiscalía Europea y la OLAF recibieron cerca de 27.000 denuncias relacionadas con fraude, pero solo aproximadamente un tercio terminó convirtiéndose en una investigación formal. En ese periodo, las actuaciones permitieron reclamar y asegurar cantidades significativas de fondos, aunque con resultados dispares según los casos.
El Tribunal también alerta de que la Comisión Europea carece de un mecanismo eficaz para comprobar si el dinero cuya devolución se ordena tras las investigaciones regresa efectivamente al presupuesto comunitario, por lo que considera que la supervisión actual en este ámbito es insuficiente.
Ante este panorama, los auditores reclaman aprovechar la revisión en marcha del marco europeo de lucha contra el fraude para reforzar la coordinación entre las distintas agencias, simplificar la gestión de las denuncias y mejorar el control sobre la recuperación de los fondos de la Unión Europea.