Los derechos de los pasajeros evitan cada año el equivalente a 8.400 años de retrasos aéreos en Europa

Un estudio en Bruselas concluye que la normativa europea CE261 evita cada año en Europa el equivalente a 8.400 años de retrasos en vuelos comerciales.

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Pasajeros esperan en la entrada de la Terminal 4 de Barajas. Gustavo Valiente - Europa Press

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El Reglamento Europeo CE261, norma que ampara a los pasajeros de avión en la UE, permite evitar anualmente en Europa el equivalente a 8.400 años acumulados de retrasos en vuelos, al generar incentivos para que las aerolíneas operen con más eficiencia y planificación.

Las conclusiones proceden de un estudio difundido en Bruselas en una mesa redonda organizada por la Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) y Euroconsumers, en la que participaron responsables políticos europeos, expertos académicos y asociaciones de consumidores para analizar el debate sobre una posible revisión de esta normativa comunitaria.

La investigación determina que los vuelos sujetos a la CE261 presentan una probabilidad menor de registrar retrasos de tres horas o más frente a trayectos comparables que no están amparados por esta regulación europea.

Según explican en una nota de prensa, este efecto no solo repercute en los viajeros, sino que también altera la conducta de las compañías aéreas, al fomentar una planificación “más eficiente y una reducción de cancelaciones y retrasos”.

Como ejemplo, el informe subraya que en Europa la tasa de cancelaciones en el mismo día es un 20% inferior a la de Estados Unidos, donde no existe un sistema de protección de pasajeros equivalente.

Asimismo, se destaca que el coste global de la normativa es “relativamente bajo” para las aerolíneas. Incluyendo compensaciones, asistencia y costes de indemnizaciones, el impacto por pasajero ronda los 1,50 euros, “lo que contradice la percepción de la industria de que el reglamento representa una carga económica significativa”.

Los autores concluyen que una rebaja o debilitamiento de la CE261 implicaría “un retroceso en los derechos de los consumidores, un aumento de retrasos y cancelaciones y un riesgo para la reputación de Europa como referente mundial en protección de pasajeros”.