El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), ha señalado este martes que la ausencia de deflactación en la tarifa estatal del IRPF, unida a la falta de actualización de los mínimos personales y familiares y de otros parámetros en el actual contexto inflacionista, está incrementando la presión fiscal que soportan los contribuyentes.
En la presentación del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026”, el REAF ha explicado que un contribuyente con una renta de 30.000 euros podría llegar a abonar alrededor de 350 euros adicionales y otro con ingresos de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, por no adaptar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026. Este cálculo, ha puntualizado, se basa en un aumento acumulado aproximado del 18,10%.
El documento subraya que la disparidad normativa en el IRPF se ha intensificado. La tarifa estatal se sitúa entre el 9,5% y el 24,5%, pero ninguna comunidad autónoma reproduce exactamente esa escala. Según el REAF, ya existen territorios con tipos marginales agregados del 50% o superiores, como la Comunidad Valenciana, con un 54%; Navarra, con un 52%; o La Rioja, con un 51,5%.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el informe considera que las diferencias entre territorios son aún más acusadas. Así, un contribuyente residente en Asturias puede llegar a desembolsar, por una herencia de 800.000 euros, hasta 100.000 euros más que en Baleares, Galicia, Cantabria o Andalucía.
En cuanto a las donaciones por el mismo importe, en Extremadura los donatarios pueden llegar a pagar hasta 200.000 euros adicionales en comparación con Cantabria o Baleares.
Reforma “urgente” de la financiación autonómica
El REAF detalla en su informe que la recaudación global de las comunidades autónomas en 2023, último ejercicio con datos disponibles, se incrementó un 16,5% respecto al año anterior y que, dentro de los tributos directos, el IRPF en su tramo autonómico avanzó un 21,13%, consolidándose como el principal impulsor de ese aumento.
Al mismo tiempo, los ingresos tributarios del Estado crecieron un 10,4% en 2025 frente a 2024 y la recaudación del IRPF ascendió a 142.466 millones de euros.
Para el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, es imprescindible acometer sin demora una revisión en profundidad del sistema de financiación autonómica.
En esta línea, ha avisado de que “la vorágine normativa de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos genera desigualdades entre los ciudadanos según sea el lugar de su residencia”.
Los especialistas del REAF han identificado este año más de 1.100 impactos normativos, lo que, a su juicio, evidencia el uso intensivo de la producción legislativa autonómica en materia fiscal, “lo que dificulta enormemente el conocimiento de las normas fiscales por parte de los ciudadanos que tienen derecho a aplicarlas”.
El presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, ha manifestado su descontento con el recurso habitual a los reales decretos-ley en el ámbito tributario.
“Esta práctica genera incertidumbre e inseguridad jurídica y dificulta la planificación a corto y medio plazo tanto para las empresas como para los ciudadanos en general”, ha advertido.
Además, ha considerado inadmisible que disposiciones no convalidadas por las Cortes terminen aplicándose a través de interpretaciones de la Administración Tributaria. “Es decir, lo que no recibe respaldo parlamentario termina introduciéndose en el sistema a través de notas publicadas en la página web de la Agencia Tributaria”, ha denunciado.
Como muestra de este malestar, el REAF ha citado la prórroga de los límites del régimen de módulos que, por segundo año consecutivo, se aplicarán por una interpretación de la Administración Tributaria “en el último momento, con el plazo de presentación del primer pago fraccionado ya iniciado”.