El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, ha reclamado que las cotizaciones a la Seguridad Social dejen de aplicarse con efectos retroactivos y que empiecen a regir únicamente desde la fecha de aprobación de la norma, con el fin de aportar “seguridad jurídica” a empresas, personas trabajadoras y profesionales.
En un encuentro con la prensa celebrado este jueves, Merchán ha defendido que se mantenga la retroactividad en el salario, pero ha instado a eliminarla en las cotizaciones, ante el retraso que, desde la pandemia, se repite cada año en la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, después, de la orden de cotización correspondiente.
Según ha explicado el presidente de los graduados sociales, esta situación provoca que “normas que deberían estar cerradas antes del inicio del ejercicio terminan llegando a finales de marzo, con efectos desde enero”, lo que obliga a rehacer nóminas ya procesadas, recalcular cuotas y asumir en un plazo muy reducido una carga de trabajo “extraordinaria”.
Este desfase, ha insistido, genera “un trabajo inmenso” concentrado en una semana especialmente compleja, que suele coincidir con la Semana Santa, y provoca un desgaste continuado en el colectivo. “La paciencia se agota”, ha avisado Merchán, quien ha sostenido que tanto las empresas como las personas trabajadoras deberían conocer desde el 1 de enero el salario aplicable y el coste real de cotización asociado a su actividad.
Merchán ha recalcado que esta forma de legislar impacta de manera directa en la gestión de 22 millones de personas trabajadoras, en cerca de dos millones de perceptores del SMI (o 2,5 millones, según las cifras que maneja el Gobierno) y en el propio sistema de cotización que financia la Seguridad Social.
El presidente ha añadido que este esfuerzo adicional se traduce en un sobrecoste económico para empresas y despachos profesionales y en un impacto psicológico y de salud laboral que alcanza tanto a los 17.000 graduados sociales colegiados como a las aproximadamente 70.000 personas empleadas en estos despachos.
Un impacto directo en pymes y tejido empresarial
Merchán ha incidido en que esta carga termina trasladándose al tejido productivo, especialmente a las pymes, y ha señalado que, para las empresas, el mayor problema no es solo el desembolso económico, sino la incertidumbre de no saber desde enero “qué partido están jugando”, es decir, cuáles serán finalmente sus costes salariales y de Seguridad Social durante el año.
Por ello, ha instado al Ministerio de Trabajo y Economía Social a adelantar al último trimestre del año la negociación de la subida del salario mínimo y a que vuelva a basarse en el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, recuperando así el espíritu del diálogo social. A su juicio, el origen del problema está en el retraso con el que se viene negociando el salario mínimo.
“Cuando hacíamos las nóminas a lápiz y papel había más seguridad jurídica que ahora que está todo digitalizado y tendría que ser todo más sencillo”, ha concluido Merchán.