El sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha remitido una carta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, en la que reclama una revisión en profundidad del actual sistema de guardias, con el fin de ajustarlo a los principios que inspiran la reciente reducción de la jornada en el empleo público a 35 horas semanales.
En su escrito, la organización sindical solicita la puesta en marcha inmediata de un proceso de negociación específico que permita actualizar el régimen de guardias conforme a criterios de legalidad, igualdad, conciliación de la vida personal y laboral y prevención de riesgos psicosociales.
El sindicato de Inspectores de Trabajo advierte en la misiva de que el desarrollo del acuerdo alcanzado en el ámbito de la Función Pública para la reducción de la jornada laboral a 35 horas resulta “difícilmente conciliable” con el sistema de guardias que actualmente asumen los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En la práctica, el modelo vigente supone que los Inspectores estén sometidos a una disponibilidad casi permanente durante semanas completas, lo que repercute de forma directa y continuada en su descanso real, en su vida personal y familiar y en su derecho a la desconexión, sin que exista una compensación suficiente que refleje adecuadamente la magnitud de esta carga.
Esta realidad, sostiene el sindicato, pone de manifiesto una “contradicción objetiva” entre la reducción formal de la jornada y el mantenimiento de un esquema estructural de disponibilidad de 24 horas al día, siete días a la semana.
Además, denuncia una diferencia de trato difícil de justificar dentro del propio Sistema de Inspección. Cita como ejemplo el caso de Cataluña, donde se ha reconocido esta situación mediante una compensación económica por las guardias realizadas entre semana (485 euro), con incrementos del 20% en días festivos y del 34% cuando la semana se prolonga por festivo en lunes, lo que, a juicio del sindicato, demuestra que existe margen organizativo y presupuestario para abordar el problema.
La organización subraya que la labor que desempeñan los Inspectores exige un alto grado de responsabilidad, capacidad de respuesta inmediata y disponibilidad ante situaciones que afectan a derechos fundamentales, a la seguridad y salud en el trabajo y al cumplimiento de la normativa sociolaboral.
Por este motivo, los inspectores de Trabajo insisten en que el régimen de guardias no puede sostenerse sobre un modelo que ponga en riesgo la salud laboral, la conciliación y la sostenibilidad profesional de quienes lo realizan, y urgen a que se proceda a su revisión sin más demoras.