Los portales inmobiliarios Idealista y Pisos.com han reiterado este viernes que la responsabilidad sobre el contenido de los anuncios de vivienda recae siempre en el anunciante, como titular de la información que se publica, y no en la plataforma que solo actúa como intermediaria, algo que, recuerdan, ya ha sido respaldado por la jurisprudencia española.
“Nosotros somos un escaparate. Somos simplemente un canal de difusión con lo que nosotros ni fijamos precios, ni decidimos las condiciones contractuales, ni intervenimos en lo que es la transacción, ni siquiera en lo que sería ningún tipo de reserva”, ha indicado el director de Estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, que ha valorado que Consumo refuerce la vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en relación al alquiler.
Ambos portales se han pronunciado después de conocerse que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una investigación para localizar y retirar anuncios de viviendas en alquiler situadas en zonas declaradas tensionadas que se ofrecen por encima de los límites legales para grandes tenedores o que no informan en el anuncio del precio del último contrato de alquiler de esa vivienda, en el caso de los particulares.
En un comunicado, Idealista ha explicado que el reparto de responsabilidades está fijado por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), de aplicación directa en toda la Unión Europea, que establece el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios digitales cuando operan como plataformas de intermediación, y que “claramente define la responsabilidad de la información sobre el anunciante”.
Según el portal inmobiliario, la nueva Ley 10/2025, que modifica la normativa de consumidores y usuarios, no altera este esquema ni convierte a las plataformas en responsables del contenido que publican terceros, manteniéndose la consideración de Idealista “como mero prestador de servicios digitales”.
La empresa ha recordado que “no es la primera vez” que se cuestiona la responsabilidad de los portales inmobiliarios sobre los anuncios de terceros y que, en doce sentencias firmes, los tribunales han anulado las sanciones impuestas, confirmando la “correcta aplicación” del marco europeo de responsabilidad de las plataforma.
“Este tipo de comunicaciones institucionales suelen tener una amplia repercusión mediática y buscan un relato político que tiene que ver con la ley, mientras que las resoluciones judiciales que se dictan posteriormente no siempre reciben la misma atención, lo que puede generar una visión parcial sobre cómo funciona realmente el régimen de responsabilidad de las plataformas digitales”, ha recalcado Idealista.
En esta línea, el portal ha subrayado que cuenta con un código de buenas prácticas y con herramientas destinadas a ayudar a los anunciantes a cumplir sus obligaciones legales, y que mantiene una actitud de “máxima colaboración” con las autoridades.
“Nosotros nos esforzamos siempre, de manera constante, por ir adaptándonos a toda la legislación vigente, con lo cual, si tenemos que hacer algún tipo de adaptación más, la seguimos haciendo, como hemos hecho hasta ahora”, ha añadido, por su lado, Ferran Font.
El experto ha advertido de que centrar el debate sobre la subida del precio de la vivienda en lo que está “publicado o no” en el portal supone “desviar” la atención del problema estructural, que, a su juicio, es el desequilibrio entre oferta y demanda por la escasez de inmuebles en alquiler.
Investigación de Consumo sobre los anuncios en zonas tensionadas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.
Según han informado desde el departamento liderado por Pablo Bustinduy, estas prácticas podrían constituir infracciones de la normativa de consumo como “prácticas desleales por engañosa” y, por tanto, conllevar sanciones.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios online de viviendas ubicadas en zonas declaradas oficialmente como tensionadas de forma “clara y accesible” información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa, como por ejemplo, la última renta del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó recientemente por carta a los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en dicha ley, que afectan a los anuncios online que ofertan y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.
Así, la investigación abierta por Consumo se inicia después de que, en el marco de la monitorización activa del mercado de la vivienda que mantiene Consumo, se hayan detectado prácticas que podrían “infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas”.
Hasta ahora la Ley de Vivienda obligaba a facilitar esta información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma impone que también figure de forma visible en los anuncios.