Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 volverán a quedar prorrogados de forma automática por tercera ocasión este 1 de enero, a la espera de que durante la primera mitad del año el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda registrar y aprobar en las Cortes Generales unas nuevas cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2026.
En la última reunión del Consejo de Ministros de 2025, el Gobierno dio luz verde a un acuerdo que fija los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que son los que permanecen vigentes, dado que ni en 2024 ni en 2025 se logró sacar adelante un nuevo proyecto presupuestario.
Esta decisión se ajusta al artículo 134 de la Constitución Española, que establece que, si al inicio del año no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos, como volverá a ocurrir en 2026, quedarán automáticamente prorrogadas las cuentas del ejercicio anterior.
De este modo, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 seguirán en vigor por tercera vez consecutiva a partir del próximo 1 de enero, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez intenta que el Parlamento dé su visto bueno a un nuevo proyecto de cuentas públicas para 2026.
Con esta nueva extensión, se alcanza la undécima prórroga presupuestaria desde la llegada de la democracia, tras lo ocurrido con los presupuestos de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, en dos ejercicios consecutivos con los de 2018 y ahora por tercera vez con los de 2023.
En un Congreso especialmente fragmentado y tras la ruptura definitiva anunciada por Junts, el Ejecutivo afronta un escenario complejo para tejer las mayorías necesarias que permitan alumbrar unas nuevas cuentas públicas para España.
Lo que el Gobierno sí tiene ya definido es el límite de gasto no financiero, el llamado ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2026, que se sitúa en un máximo histórico de 216.177 millones, junto con la senda de déficit y deuda para el conjunto de las administraciones públicas, pese al rechazo del Congreso.
Al haber tumbado la Cámara Baja la senda de déficit propuesta, se aplicará la recogida en el plan fiscal estructural a medio plazo remitido el año pasado a Bruselas, que reduce el margen de gasto de las comunidades autónomas y otorga una mayor capacidad de maniobra a la Administración Central.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas se reducirá desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. En lo relativo a la deuda pública, el Ejecutivo fija el objetivo para las administraciones públicas en el 100,9% del PIB en 2026, en el 100% en 2027 y en el 99,1% en 2028.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado que los Presupuestos de 2026 serán “expansivos y responsables” y ha subrayado que trabaja para que sean percibidos por la mayoría de los grupos parlamentarios como una “necesidad” que trasladar a los hogares.
Previsiones de crecimiento económico y empleo hasta 2028
Todo ello se enmarca en un escenario macroeconómico que el Ejecutivo califica de “sólido”, tras el fuerte avance registrado por la economía española durante 2025. Según las proyecciones del Gobierno, el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026. Para 2027 y 2028, se contempla un incremento algo más moderado, del 2,1% en cada uno de esos años.
En el ámbito laboral, las estimaciones oficiales apuntan a que la tasa de paro se reducirá al 10,5% en 2025, lo que supone ocho décimas menos que en 2024; descenderá al 9,9% en 2026, al 9,5% en 2027 y alcanzará el 9% en 2028, volviendo así a niveles previos a la crisis financiera.