La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha valorado positivamente que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la ampliación extraordinaria de los contratos de arrendamiento dentro del decreto de medidas frente a la inflación derivada de la guerra de Irán, según ha señalado este jueves la organización en un comunicado.
La confederación subraya que esta decisión supone una “protección” para los 600.000 hogares cuyo contrato de alquiler vence este año, ya que los arrendatarios tendrán la opción de extenderlo durante dos años adicionales y así esquivar “subidas abusivas” en las nuevas firmas.
No obstante, el sindicato advierte de que el paquete aprobado se queda corto y reclama que, para “proteger” realmente a las familias frente al encarecimiento del coste de la vida, “es imprescindible una congelación real del precio del alquiler”.
En esta línea, la CSI sostiene que el tope a las revisiones anuales de las rentas tendría que fijarse en el 0%, en lugar del 2% contemplado en el decreto actualmente en vigor.
Asimismo, la organización critica que todas estas disposiciones “no afectan a los alquileres temporales o de habitaciones”, lo que, a su juicio, excluye a quienes residen bajo estas fórmulas y favorece que los “especuladores” se decanten por este tipo de contratos para esquivar los límites.
Además, el sindicato denuncia que el nuevo decreto “vuelve a dejar fuera a los hogares más vulnerables”, ya que “no pone freno a los más de 70.000 desahucios que se han reactivado ante la caída de la moratoria”, empujando de nuevo a numerosas familias a una “situación dramática”.
En este escenario, el Sindicato de Inquilinas reprocha al Gobierno que haya optado otra vez por separar las políticas de vivienda en “otro decreto” y llama a los inquilinos a acudir a las asambleas y encuentros de la organización de su zona para organizarse colectivamente.