La Confederación de Sindicatos de Inquilinas comunicó este martes el arranque de una campaña para poner en marcha la primera huelga estatal de alquileres dirigida contra la inmobiliaria Alquiler Seguro, a la que responsabiliza de mantener prácticas “sistemáticas y estructurales contrarias a la legalidad”, según ha señalado en una nota pública.
Detallan que esta iniciativa se pone en marcha tras años de conflictos, reclamaciones y procedimientos en los tribunales. “No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de suministros con empresas del mismo grupo, de la falta de mantenimiento y de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda”, ha expuesto la confederación.
Como primera medida, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha avanzado que visitará las casi 30.000 viviendas que Alquiler Seguro administra en el conjunto del Estado con el fin de informar y organizar a las personas arrendatarias.
Según explican, ya han logrado articular a cientos de familias, muchas de ellas afectadas que se han dirigido a los sindicatos por iniciativa propia: “Son inquilinas que nos han llamado tras años de abusos. La gente está harta y quiere pasar a la acción”, señalan desde la Confederación.
Devolución del dinero "estafado"
Entre sus principales demandas figura la devolución del dinero “estafado”, aunque la Confederación subraya que esta batalla no se limita a las inquilinas de Alquiler Seguro, sino que también pretende plantar cara a la escalada del coste para acceder a una vivienda en alquiler. “Cada 5 ó 7 años nos vemos obligadas a desembolsar más de 4.000 euros para entrar en una vivienda de alquiler y subiendo”, denuncia.
El origen del conflicto se remonta a febrero de 2024, cuando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid interpuso una demanda ante los juzgados y, de forma paralela, presentó una denuncia ante la Dirección General de Consumo por prácticas como el cobro ilegal de honorarios, la imposición de cláusulas abusivas o la vulneración del derecho de desistimiento.
Esta actuación administrativa ha desembocado en una sanción de 3,6 millones de euros por parte del Ministerio de Consumo, que aún está pendiente de resolución firme.
En paralelo, el sindicato sostiene otra demanda judicial contra la compañía por el cobro “encubierto” de honorarios y la gestión “irregular” de depósitos.
Sin embargo, el juicio no arrancará hasta febrero de 2028, lo que, según denuncian, pone de manifiesto la incapacidad del sistema judicial para dar respuesta a la actual emergencia habitacional. “La justicia es demasiado lenta para frenar abusos que sufrimos cada día. Por eso hemos decidido tomar la iniciativa”, sostienen desde la organización.
Para la Confederación, ni la multa de Consumo, que no tiene efectos para quienes ya abonaron esos conceptos, ni las acciones judiciales individuales bastan para reparar el daño, y por ello plantean la campaña de huelga “como acto de desobediencia y acción directa contra los abusos”.
Fases de la huelga
La campaña se articulará por etapas y la convocatoria final de la huelga se debatirá y votará en asambleas de inquilinas una vez concluya la primera fase, centrada en contactar con todas las arrendatarias. Por este motivo, aclara la Confederación, el inicio de la huelga todavía no cuenta con una fecha fijada.
Desde la organización sostienen que el modelo de negocio de Alquiler Seguro “no podrá soportar una huelga de estas características y se verá obligado a reorganizar su funcionamiento”.
“No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen”, remarcan desde los Sindicatos de Inquilinas, que ven factible que la inmobiliaria deje también de responder ante los propietarios, “del mismo modo que ya incumple sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas”.