La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) ha acordado prolongar el paro iniciado el 15 de diciembre para visibilizar la precariedad laboral que sufren estos profesionales, ante “la falta de respuesta y de voluntad de diálogo” por parte de las sociedades de tasación y de sus patronales AEV y ATASA.
Tras la asamblea celebrada ayer, la organización decidió alargar un mes más, hasta el 15 de febrero, la suspensión de las tasaciones de cartera bancaria vinculadas a préstamos dudosos de las entidades financieras, y extender dos semanas, hasta el 21 de enero, el cese de actividad en el canal bancario, fecha en la que volverán a revisar el escenario.
Según ha comunicado la asociación, un número significativo de sus miembros ha expresado su disposición a sostener un paro indefinido en el segmento de carteras si las reivindicaciones continúan sin ser atendidas por las empresas de tasación.
La AETH recuerda que el pasado 23 de diciembre levantó el paro para las valoraciones solicitadas directamente por particulares a través de las sociedades de tasación, apenas una semana después de su inicio, con el fin de reducir el impacto sobre familias y compañías que necesitan formalizar una hipoteca.
La entidad insiste en que los tasadores perciben honorarios por debajo de los costes efectivos de su trabajo —en determinados casos, en torno a apenas un 20% de lo que paga el cliente final— y con tarifas prácticamente congeladas desde 2008, pese al aumento continuo de las obligaciones normativas y de los requisitos técnicos.
La asociación subraya que este contexto pone en riesgo la calidad y la fiabilidad del sistema hipotecario regulado, que requiere rigor profesional y tiempo suficiente para elaborar cada informe. Recalca, además, que el objetivo del colectivo no es encarecer el mercado, sino adecuar los honorarios a los costes reales, suprimir comisiones impropias y asegurar que quien realiza la tasación no trabaje a pérdidas.
La AETH mantiene abierta su disposición al diálogo con las patronales de las sociedades de tasación para desbloquear el conflicto y sostiene su propuesta de un Acuerdo Marco sectorial que establezca tarifas mínimas vinculadas al coste real de los informes, actualizadas por IPC y revisables ante cambios regulatorios. También reclama condiciones contractuales equilibradas —plazos asumibles, cobros en un máximo de un mes, compensaciones por desplazamientos, transparencia en los honorarios— y garantías efectivas de independencia profesional.