Este lunes, la Comunidad de Madrid ha elevado sus preocupaciones mediante alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula la eficiencia energética y la sostenibilidad en los Centros de Procesamiento de Datos (CPDs). La administración regional teme que las nuevas medidas puedan perjudicar la competitividad del sector frente a otros mercados europeos, según informa el Gobierno regional en una nota de prensa.
Madrid destaca en el ámbito nacional con 46 infraestructuras, de las cuales 35 están operativas y 11 en construcción, y representa el 54,8% de la capacidad total de España, superando a regiones como Aragón y Cataluña. Desde la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, se ha realizado un análisis crítico del proyecto que podría imponer riesgos considerables al futuro de esta industria vital.
Las observaciones remitidas al Ministerio apuntan que el proyecto de Real Decreto ‘va más allá de lo exigido por la Unión Europea’ en su Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, incluyendo indicadores adicionales que podrían complicar el contexto normativo. En especial, el artículo 7 del decreto plantea requisitos ambientales para la conexión de los CPDs a la red eléctrica, una exigencia inédita en la UE que podría desfavorecer a España.
La disposición transitoria única también ha generado controversia al aplicar estas normas a proyectos en curso, lo que podría contravenir principios constitucionales de retroactividad y seguridad jurídica. Pese a reconocer la importancia de la eficiencia energética, el Gobierno de Madrid insiste en que no se deben establecer barreras que disuadan la inversión y la innovación.
La industria de los CPDs, crucial para la economía digital y la transición energética, podría captar inversiones por más de 58.000 millones de euros hasta 2030 en España, pero una regulación excesiva podría reducir este potencial a solo 12.500 millones, afectando negativamente el empleo y el liderazgo tecnológico nacional, destacan desde el Gobierno regional.