El Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé dar el visto bueno esta misma semana, en el Consejo de Gobierno, a su nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida. La norma permitirá impulsar la construcción de 18.000 viviendas protegidas adicionales en los próximos cuatro años, acortando los tiempos de ejecución con la meta de mejorar el acceso a una vivienda asequible para jóvenes y familias.
El proyecto normativo busca incrementar de forma notable el parque de vivienda protegida y adaptar el ritmo de construcción a la demanda actual. Para ello, incluye instrumentos como incentivos urbanísticos que permiten aumentar la capacidad edificatoria sin necesidad de ocupar nuevo suelo, elevando hasta un 30% la densidad y en un 20% la edificabilidad, según señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.
Con esta iniciativa, el equipo de Isabel Díaz Ayuso pretende “avanzar en una de las prioridades marcadas desde 2019, como es facilitar el acceso a la vivienda en la región”. Desde ese año, la Comunidad de Madrid se ha consolidado como la autonomía que más vivienda pública ha levantado, concentrando más del 40% de las promociones construidas en España.
En paralelo, el Gobierno regional ha entregado ya más de 5.300 viviendas del Plan Vive de alquiler asequible y, a lo largo de este año, incorporará otras 3.200 casas en promociones que ya están en marcha, con el objetivo de alcanzar en 2027 un total de 14.000 nuevas viviendas. Desde 2019 se han aprobado también 14 rebajas fiscales orientadas a facilitar la compra o el alquiler, especialmente dirigidas a menores de 25 años.
Entre las medidas destacadas figura la ampliación de 40 a 50 años del límite de edad para acceder a avales hipotecarios. Al mismo tiempo, la región se ha situado a la cabeza en la modificación del uso de oficinas para transformarlas en viviendas de alquiler asequible, incorporando al mercado 8.000 nuevas unidades.
En estos ejercicios se ha reforzado igualmente el programa Mi Primera Vivienda, elevando hasta 425.000 euros el precio máximo subvencionable con el fin de aumentar el número de beneficiarios con hipotecas del 100%. De cara a 2026, está previsto un incremento del 24% en la inversión pública destinada a vivienda social, con la finalidad de entregar más de 700 viviendas a familias en situación de vulnerabilidad.
La Comunidad de Madrid ha autorizado además la promoción de vivienda protegida en suelos de titularidad privada, mediante cambios de uso urbanístico orientados específicamente a este tipo de viviendas, y ha puesto en marcha nuevas líneas de ayuda para familias numerosas y monoparentales.
Para favorecer el acceso, se ha recuperado la figura del arrendamiento con opción a compra, se han eliminado determinadas tasas para facilitar la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos y se ha ampliado la oferta de alquiler en municipios pequeños de la región.
Según explicó este martes a los medios el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, con esta ley el objetivo es aumentar el número de viviendas disponibles para los madrileños, incrementando la edificabilidad y aplicando otras medidas orientadas a reducir la carga administrativa.
“Y por tanto, permitir que se agilicen los trámites para que haya más vivienda en un momento donde los ciudadanos lo demandan a todas las administraciones”, ha señalado, además de subrayar que desde el Ejecutivo autonómico llevan “muchísimo tiempo trabajando” en el que considera que es “el principal reto” al que se enfrenta el país.