Mañana, 30 de octubre, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF darán inicio a una serie de movilizaciones a nivel nacional para protestar por el estancamiento en las negociaciones colectivas, lo cual ha impedido alcanzar un nuevo acuerdo de incremento salarial para los trabajadores del sector público. Advierten que si el Ministerio de Función Pública sigue sin abrir negociaciones, considerarán la huelga como opción en diciembre.
Con el eslogan ‘Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos’, las concentraciones se llevarán a cabo en Madrid frente al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a las 12:00 horas y, en paralelo, en las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias españolas. A estas movilizaciones se sumarán empleados de empresas públicas como Correos, Paradores o Renfe.
Los líderes sindicales han calificado esta campaña de movilizaciones como ‘ascendente’, anticipando una gran movilización en Madrid en noviembre y no descartan ningún escenario futuro. “El Gobierno tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo, de lo contrario tendrá sobre la mesa la primera huelga en las Administraciones Públicas de la era de Pedro Sánchez”, declaró Miguel Borra, presidente de CSIF, en una reciente rueda de prensa.
Los sindicatos exigen al ministro de Función Pública, Óscar López, que convoque la Mesa de Diálogo para discutir un nuevo acuerdo de subida salarial y presentar una propuesta concreta. Tanto UGT como CCOO apoyan una subida salarial ‘por encima del IPC real’ para mejorar y recuperar el poder adquisitivo mediante un acuerdo marco plurianual, mientras que CSIF solicita un incremento salarial que combine un ajuste por inflación más un porcentaje adicional acordado con los sindicatos, proponiendo además actualizaciones automáticas anuales de los sueldos.
Los sindicatos acusan a Óscar López de realizar ajustes superficiales en el Estatuto Básico del Empleo Público y advierten que sin un acuerdo inmediato, la situación de la Administración Pública podría deteriorarse gravemente. Adicionalmente, solicitan eliminar la tasa de reposición, detener la externalización de servicios y garantizar que las ofertas de empleo público satisfagan las necesidades administrativas, además de mejorar las condiciones de jubilación y la equiparación salarial.