Este martes, 23 de septiembre, el Congreso de los Diputados reanudará la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, un proyecto que se estancó en junio debido a la tensión política provocada por el caso ‘Koldo’ y las persistentes dudas de Podemos sobre el texto.
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible convocará una sesión para debatir y votar esta ley, esencial para la asignación de fondos europeos, que quedó pendiente desde la anterior legislatura.
En la última sesión, la ley avanzó en el Congreso superando la fase de ponencia, una etapa inicial donde los grupos parlamentarios proponen modificaciones al articulado en reuniones cerradas. Este proceso se vio afectado por la gran cantidad de enmiendas presentadas y las diferencias entre los grupos, lo que llevó a convocar la ponencia hasta en tres ocasiones, incorporando más de 130 enmiendas.
Una reforma significativa propuesta por Sumar busca que el nuevo esquema concesional de paradas de autobuses se acuerde con las comunidades autónomas y que el Estado compense económicamente las paradas que se eliminen.
LA COMISIÓN QUE IBA A APROBARLA SE DESCONVOCÓ A ÚLTIMA HORA
La sesión prevista para el 18 de junio fue cancelada inesperadamente debido al ambiente de tensión política incrementado por las acusaciones de corrupción a exsecretarios del PSOE y por las reticencias de Podemos al proyecto.
Tras la cancelación de la comisión en junio, el Gobierno solicitó celebrar sesiones extraordinarias en julio para aprobar la ley, aunque no se realizaron.
Podemos continúa mostrando reticencias y ha condicionado su apoyo a la paralización de las ampliaciones del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat.
PODEMOS EXIGE PARAR LA AMPLIACIÓN DE EL PRAT Y EL PUERTO DE VALENCIA
El secretario de Organización y corportavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que el partido no apoyará el texto al considerarlo ‘de mínimos’ frente al desafío del cambio climático y exigió la paralización inmediata de las ampliaciones del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat.
Desde la legislatura pasada, cuando se aprobó inicialmente en Consejo de Ministros, la ley ha enfrentado obstáculos para su tramitación completa. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se comprometió a que la ley entrara en vigor antes de 2024. Además, el texto incluye un compromiso del Gobierno de revisar las etiquetas medioambientales de vehículos y ofrecer beneficios fiscales al Mobile World Congress (MWC) para garantizar su permanencia en Barcelona.