La Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) ha organizado una protesta el próximo 7 de octubre ante el Congreso de los Diputados para reclamar una solución definitiva «ante el abuso de la temporalidad en la Administración Pública Española».
Con la proximidad de la divulgación de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esta problemática en España, programada para el 9 de octubre, Ansiti ha destacado que aproximadamente un millón de empleados interinos en las administraciones públicas están afectados por contratos temporales prolongados.
El TJUE ha señalado repetidamente que España no ha implementado las medidas necesarias para prevenir y penalizar el empleo excesivo de contratos temporales en el ámbito público. Actualmente, hay más de 30.000 casos pendientes en los tribunales relacionados con este asunto, «lo que podría derivar en indemnizaciones millonarias a cargo del erario público si no se actúa con rapidez».
Ansiti argumenta que es factible hacer permanentes «a los miles de abusados, después de tantos años de servicio público». Además, recuerda que la Comisión Europea ha suspendido fondos europeos a España por no cumplir con la reducción de la temporalidad en el sector público, lo que muestra una clara falta de compromiso político para ejecutar medidas efectivas.
Junto a otras asociaciones de funcionarios, Ansiti solicita la aprobación urgente de la nueva Ley de Función Pública con enmiendas que aseguren el derecho a la estabilidad del personal afectado por la temporalidad, presentadas por diversas fuerzas políticas.
Además, exige la aplicación «inmediata» de las sentencias del TJUE que garantizan estabilidad a quienes tengan más de tres años en la administración con contratos temporales sucesivos y pide la reincorporación del personal despedido en situaciones de abuso temporal en el momento de su despido, así como cambios legislativos que prevengan la repetición de estas circunstancias en el futuro.
El colectivo de interinos subraya que el Gobierno puede solucionar este problema «a coste cero», evitando indemnizaciones y el uso indebido de fondos públicos destinados a otras áreas. «En el caso de los funcionarios habilitados Nacionales de la administración local, secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos, muchos con más de 30 años de experiencia siendo interinos, solo solicitamos nuestra estabilización en el puesto, ya que en muchos casos hemos superado un proceso selectivo y nuestra experiencia justifica la permanencia», finaliza Ansiti.