Algo más de un tercio de los recursos de los hogares procede de prestaciones públicas del Estado, de las que casi el 40% son de carácter monetario y el resto se materializa como prestaciones en especie ligadas a servicios públicos de consumo individual o colectivo. Los casi dos tercios restantes se originan en las rentas del trabajo y en los rendimientos de los activos.
Según se recoge en el informe “Cuentas generacionales de los miembros de los hogares” de Fedea, el volumen total de recursos del conjunto de miembros de los hogares residentes en España alcanzó en 2022 el 111% del PIB nacional, lo que equivale a un promedio de 32.391 euros por persona.
Desde la óptica de los usos, el 44% de estos recursos se destina al consumo privado, un 23% al consumo público y un 26% al pago de impuestos y cotizaciones sociales, quedando un 7% como remanente para el ahorro.
El estudio, elaborado a partir de las Cuentas Nacionales de Transferencia de los miembros de los hogares residentes en España correspondientes al año 2022, detalla cómo las personas residentes, desagregadas por edad simple y sexo, sostienen su consumo a lo largo del ciclo vital mediante rentas laborales (por cuenta propia o ajena), transferencias públicas y privadas y otras rentas derivadas de sus activos.
De este modo, se identifican etapas sistemáticas de déficit y superávit asociadas al ciclo vital: durante la infancia y la juventud, el consumo supera ampliamente a las rentas del trabajo, generándose un déficit que debe cubrirse mediante transferencias públicas y privadas.
Entre los 30 y los 60 años, las rentas laborales superan el consumo, generando un superávit que permite tanto la acumulación de ahorro propio como la financiación del consumo de otros grupos de edad.
En cambio, en las edades más avanzadas, la caída de las rentas laborales vuelve a originar un déficit, que se compensa a través de pensiones, otras transferencias públicas y el uso de los activos acumulados.
Por sexos, el informe pone de manifiesto una brecha muy significativa entre las rentas medias de hombres y mujeres durante buena parte de la edad adulta, que responde a patrones de participación diferentes en el mercado laboral, fuertemente condicionados por la maternidad.
Como es lógico, esta brecha se traslada también a las prestaciones públicas de carácter monetario, fundamentalmente a través de las pensiones, y se refleja igualmente en la capacidad de ahorro y en la carga impositiva.
Los tres pilares redistributivos en España
Además, el análisis identifica tres grandes pilares redistributivos en España: el sector público, las transferencias privadas y la reasignación basada en activos.
Así, el sector público, mediante prestaciones monetarias (en especial, pensiones), transferencias en especie como sanidad y educación, y consumo colectivo financiado con impuestos, desempeña un papel clave en la cobertura del déficit en las etapas no activas de la vida.
Junto a ello, se sitúan las transferencias privadas dentro del hogar, principalmente de adultos hacia jóvenes, que resultan determinantes para sostener el consumo en las primeras fases del ciclo vital, subrayando el papel de la familia como mecanismo complementario de redistribución intergeneracional.
En tercer lugar, la reasignación basada en activos —rentas del capital y desahorro— adquiere una importancia creciente en edades avanzadas, reflejando la función del ahorro acumulado durante los años de actividad.