QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Mesa del Turismo de España ha expresado su inquietud frente a la «actitud reiterada» del Gobierno, que promueve políticas nacionales y toma decisiones que, según su criterio, contravienen las directrices y el espíritu de la Unión Europea.
Acusan al Gobierno de «remar contracorriente» y advierten sobre el peligro que esto representa para la competitividad del sector turístico y de transporte en el país.
Procedimientos de Infracción y Multas a Aerolíneas
Una consecuencia directa de esta política unilateral es el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España, debido a una multa de 179 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a varias aerolíneas de bajo coste por diversas prácticas, incluido el cobro por el transporte de equipaje de mano en cabina.
La Mesa del Turismo recuerda que, según Bruselas, las aerolíneas deben tener libertad para establecer sus políticas de equipaje. Sin embargo, la legislación española de navegación aérea limita esta libertad al prohibir recargos por el equipaje de mano o diferenciar entre los servicios de franquicia de equipaje.
La asociación critica que el Gobierno haya elegido una «oposición estéril» en lugar de optar por el diálogo, ya que eventualmente «tendrá que desistir de las leyes que no estén alineadas con las normas que emanan de Europa».
Además, señalan la implantación del nuevo Registro de Viajeros como otro ejemplo de desviación de las políticas comunitarias. Esta normativa impone la recopilación y transferencia de una extensa cantidad de datos personales de los clientes por parte del sector del alojamiento turístico, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos, a la Policía con fines de seguridad nacional.
La Mesa del Turismo destaca el conflicto que esto genera, ya que mientras la Comisión Europea promueve la minimización de la información personal según las leyes de protección de datos, el Gobierno español impone lo contrario, agregando como «agravante» que muchos de los datos requeridos son «imposibles de facilitar con la anticipación exigida».
«La falta de un marco claro, unida a la investigación abierta por la Comisión Europea sobre este asunto y la ausencia de la Orden Ministerial que debe desarrollar la normativa, acentúa la sensación de que España actúa al margen de la Unión Europea», concluye la organización.
