Este miércoles, la sesión plenaria del Congreso debatirá y posteriormente votará las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, que buscan que el Gobierno reconsidere su propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Este es un momento decisivo para PSOE y Sumar, quienes no tienen una mayoría asegurada y dependen de que Junts pueda eliminar obstáculos y, especialmente, que no se registren ausencias, incluida la del exministro socialista José Luis Ábalos.
A pesar de que las propuestas presentadas son tres textos diferentes, se llevará a cabo una única votación. PP, Vox y Junts están de acuerdo en solicitar que el proyecto sea devuelto al Ejecutivo. Estas tres fuerzas políticas cuentan con una mayoría absoluta de 177 diputados, suficiente para potencialmente descartar el proyecto clave de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La importancia de esta votación radica en que, de no superar este escollo, la legislación sería retirada del Congreso y el Gobierno debería iniciar su redacción desde cero. Por esta razón, el Ejecutivo intensificará las conversaciones con Junts para que desistan de su enmienda y asegurará la asistencia completa de su bloque, incluyendo al exministro ahora en el Grupo Mixto, en una votación que promete ser muy reñida.
Si Junts decide retirar su enmienda de totalidad y se alinea con el Gobierno para oponerse a los vetos de PP y Vox, la ley continuará su tramitación sin mayores obstáculos. Sin embargo, si optan por la abstención, el Gobierno necesitará el respaldo completo de sus aliados para superar los 171 votos que suman PP, Vox y UPN, siendo crucial en este escenario la participación del exministro Ábalos.
Superar este primer obstáculo es solo el comienzo de un proceso extenso, ya que luego será necesario tiempo para presentar enmiendas al articulado y continuar las negociaciones con los grupos para lograr un texto que reciba un amplio apoyo.
DÍAZ VOLVERÁ A LLEVAR LA LEY SI LA TUMBAN
En caso de que el Congreso rechace la reforma, la vicepresidenta Díaz ya ha anunciado que reintroducirá el proyecto en la Cámara Baja, aunque esto implicará un retraso significativo ya que la tramitación deberá comenzar de nuevo.
La intención original era que esta votación tuviera lugar en julio, antes del cierre del periodo de sesiones, pero las dificultades para persuadir a Junts de abandonar su enmienda y alcanzar un acuerdo llevaron a posponer el debate hasta después del verano.
Por el momento, la formación catalana mantiene su enmienda de totalidad, pero desde el Ministerio de Trabajo se insiste en que este proyecto «ya no admite más aplazamientos» dado que es una norma esperada por más de doce millones de personas.
«El Gobierno ya ha hecho su trabajo. La ciudadanía ya se ha pronunciado en la calle y en los centros de trabajo. Ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un consenso parlamentario», concluyen desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz.