QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha expresado su voluntad de colaborar con la Comisión Europea y otras instituciones de la UE para resolver las posibles discrepancias legales surgidas tras la apertura de un procedimiento de infracción a España por las normativas que regulan la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell.
‘España comunicará su respuesta en el plazo de dos meses, como habilita el procedimiento. El Gobierno seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica, reafirmando nuestro firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho’, han indicado fuentes del Ministerio de Economía a Europa Press.
Este jueves, Bruselas ha notificado este expediente contra España por los poderes discrecionales que ciertas normas de la legislación española conceden al Gobierno para detener operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, ya que permiten una acción que trasciende el interés general.
No es tanto la acción concreta sobre la OPA lo que preocupa a Bruselas, sino cómo la legislación española diverge del Derecho de la UE.
Bruselas ha dado un plazo de dos meses al Gobierno español para que atienda estas preocupaciones, que abarcan desde la necesidad de modificar profundamente la transposición de dos leyes europeas hasta dudas sobre si la intervención gubernamental en la operación tiene una base legítima de interés general.
Según fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press, la legislación impugnada por Bruselas ‘lleva bastantes años vigente’ y se ha implementado en varias ocasiones desde su aprobación. La ley de Defensa de la Competencia se estableció en 2007, mientras que la ley de Solvencia Financiera se instauró en 2014.
Fuentes europeas han explicado a varios medios, incluyendo Europa Press, que si hubiera existido un motivo legítimo de interés público, esta intervención no habría generado conflicto, pero recalcan que en estas materias bancarias no procedía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como ocurrió el 27 de mayo.
Bruselas ahora espera que España rectifique los errores encontrados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que necesitan una revisión considerable, mientras que las correcciones necesarias en la ley de defensa de la competencia deben ser adecuadamente orientadas y aplicadas.
