El Ministerio de Función Pública se reunirá nuevamente este lunes con representantes de CCOO, UGT y CSIF para discutir la propuesta de incremento salarial del 11% para el periodo 2025-2028, propuesta que fue presentada la semana anterior tras el rechazo a una oferta inicial del 10%. Este aumento, ya aprobado por UGT, ha sido descrito por el Ministerio como “inamovible”, aunque CSIF ha solicitado una nueva propuesta para garantizar la recuperación del poder adquisitivo de más de tres millones de trabajadores públicos.
La aceptación de la propuesta por parte de UGT Servicios Públicos se confirmó el pasado jueves por su Consejo Federal. Sin embargo, la respuesta de CCOO, que se espera para la reunión de este lunes a las 16:00 horas, es crucial para cerrar el acuerdo. Representantes de CCOO se reunieron el viernes para evaluar la oferta y preparar su posición ante el Ministerio.
La reunión de este lunes podría ser decisiva para finalizar las negociaciones del marco salarial plurianual que incluye otros aspectos como la mejora de los procesos selectivos y la planificación de efectivos, entre otros.
UN 11% REPARTIDO EN CUATRO AÑOS, CON UN TOPE DEL 4% ENTRE 2025 Y 2026
La oferta del Ministerio distribuiría el aumento del 11% a lo largo de cuatro años, con un límite del 4% para los años 2025 y 2026, lo que ha generado preocupación en CSIF ante un posible cambio de gobierno antes de 2028. “Si se mantiene el 4% para los dos primeros años tendremos que volver a las calles”, ha advertido CSIF. Este sindicato considera la oferta “insuficiente” y busca negociar hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio.
Por otro lado, UGT Servicios Públicos ha mencionado que ajustes adicionales podrían elevar la subida a un 11,5% real, lo que ayudaría a recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo durante la vigencia del acuerdo. Además, proponen un aumento fijo del 5% en 2027 para mejorar las nóminas de los empleados públicos en nueve puntos en un período de trece meses.
El anterior acuerdo salarial, vigente entre 2022 y 2024, permitió un aumento de aproximadamente un 10% en los sueldos, con un costo cercano a los 13.000 millones de euros.